Paula Ruiz
En la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apuestan por el avance del proyecto de ley que quitaría el beneficio de libertad condicional a quienes reincidan en la comisión de un delito.
Los congresistas esperan que esa iniciativa forme parte de la “Operación Costa Rica Segura”, que presentará este miércoles presidente, Rodrigo Chaves, al mediodía.
De acuerdo con Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC esta es una iniciativa que puede tener un efecto inmediato sobre la ola de inseguridad y violencia que aqueja al país.
“Quitarles el beneficio es un proyecto ya presentado al que podemos darle vía rápida y nos parece que impactaría sobre todo cuando varios de los crímenes que han ocurrido en las últimas semanas son de personas reincidentes”, declaró Rojas.
“Queremos algo ejecutivo, pero este proyecto de ley si lo dispensamos de trámite, sería inmediato que comenzaría aplicar y de manera inmediata las personas que son reincidentes y con un beneficio de la pena afuera en este momento y que han vuelto a delinquir, de manera inmediata dejarían de estar en la sociedad”, continuó la jerarca.
Esta iniciativa agrega un inciso en el artículo 67 del Código Penal:
Si el liberado es arrestado por cualquier autoridad policial administrativa o judicial como sospechoso de la comisión de un delito doloso, ya sea en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial, la autoridad policial que ejecute el arresto debe en forma inmediata poner en conocimiento del Ministerio Público y juez competente el hecho de la detención para que se proceda a la suspensión inmediata del beneficio otorgado.
El Instituto de Criminología debe de disponer de una base de datos que comprenda un listado de todos los condenados que gozan del beneficio, la que debe de actualizarse cada vez que a un condenado se le conceda el beneficio. Deberá de garantizar que las autoridades policiales administrativas, judiciales, Ministerio Público y jueces competentes tengan acceso inmediato y actualizado a esta.
Esta iniciativa aplicaría para aquellas personas con una sentencia en firme, a quienes se les otorgó un beneficio alternativo a la cárcel. En caso de volver a delinquir, pasarían de inmediato a estar tras las rejas sin ninguna alternativa.
Esta iniciativa de ley fue presentada por María Marta Carballo del PUSC. (Archivo)
Expectativas
Otra de las iniciativas que podría estar dentro del plan del gobierno es el expediente 23.090 que reforma la Ley de Delincuencia Organizada.
Priscilla Vindas, legisladora del Frente Amplio, recordó que este plan debe estar listo a más tardar el 07 de junio pues de lo contrario, personas involucradas en supuestos delitos saldrán en libertad.
“Tenemos 40 días para convertirlo en Ley de la República. De no aprobarse, estamos hablando de puesta en libertad de todos los imputados en asunto de crimen organizados que se encuentren presos al 07 de junio de 2023 y que hayan sobrepasado el plazo de prisión preventiva”, reconoció.
Por su parte, Alexánder Barrantes, diputado de Progreso Social Democrático (PPSD), apostó por el fortalecimiento de la Fuerza Pública con recursos, capacitación y tecnología, que les permita atender de una manera más eficiente y oportuna todo lo relacionado con delincuencia y crimen.
El oficialista también aprovechó el espacio para culpar a los gobiernos anteriores por la violencia que afronta el país, particularmente en este 2023.
“Esta situación que se ha venido presentando, no es producto de este gobierno. Es producto de prácticas y manejos administrativos de gobiernos anteriores”, criticó.
A partir del medio día, el presidente Rodrigo Chaves dará a conocer este plan en la Plaza de la Democracia.
