Hermes Solano
De la mano de la diputada María Marta Carballo, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley con la intención de fortalecer la protección de los datos de los ciudadanos costarricenses.
Se trata del expediente 24.135 que busca reducir el tiempo de notificación a los afectados de que se está violando la seguridad de su información.
Actualmente la notificación está en cinco días hábiles y lo que se pretende es que se pueda dar en un plazo máximo de 72 horas o tres días.
“Hemos detectado que Costa Rica es uno de los países que tiene el plazo más amplio para denunciar filtración de datos y esta es la razón para presentar el proyecto de ley”, dijo Carballo.
“Lo que buscamos con este proyecto es proteger los datos sensibles de los costarricenses y que se pueda detectar a tiempo cualquier anomalía que se presente en un plazo máximo a 72 horas, tal y como lo establece el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea”, añadió la legisladora.
Según la socialcristiana, esta iniciativa vendría a “dar confianza a los ciudadanos y contribuir a una atención inmediata ante cualquier manejo inadecuado”.
Dentro de este mismo plazo deberá iniciar un proceso de revisión exhaustiva para determinar la magnitud de la afectación, y las medidas correctivas y preventivas que correspondan, señala el texto del proyecto.
Multas altas
El proyecto obliga al responsable de informar al titular y a la Agencia, en caso de vulnerabilidades de seguridad, al menos lo siguiente:
- La naturaleza del incidente;
- Los datos personales comprometidos;
- Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; y,
- Los medios o el lugar, donde puede obtener más información al respecto
En caso de que no se brinde la información tal y como lo estipula la ley, sería sancionado con una falta grave, que equivale a una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de auxiliar judicial I.
Esos montos irían entre ¢2.311.00 y hasta ¢34.665.000.
