Hermes Solano
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que busca reformar la Ley Orgánica del Banco Central e impedir que esta institución solicite información masiva a entidades financieras.
Esta iniciativa surge luego de la polémica suscitada por el pedido de datos de clientes por el Central a varios bancos y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Presentamos un proyecto de ley para proteger los datos sensibles de los costarricenses y evitar que la información sin consentimiento la utilicen terceros para fines propios”, señaló el jefe de fracción, Alejandro Pacheco.
“En Costa Rica existen muchos portillos que deben cerrarse para proteger la información privada”, añadió el diputado.
El objetivo claro del proyecto es prohibir al Banco Central, así como a sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional.
De esta manera, se impedirá asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta.
“Este proyecto de ley busca proteger la privacidad de los ciudadanos, prevenir delitos cibernéticos, disminuir el riesgo que las personas sean identificadas, fortalecer la confianza en las instituciones y contribuir al bienestar y la seguridad en la era digital”, añadió el subjefe de bancada, Carlos Felipe García.
Banco Central enfrenta polémica por pedido de datos que permite relacionar a clientes de diferentes entidades. Su presidente, Roger Madrigal, defendió esas acciones ante diputados. (Alonso Solano / El Observador)
OBSERVE MÁS: Colegio de Informáticos detecta “grave inseguridad jurídica” en pedido de datos del Banco Central
Polémicas denuncias
El Banco Central denunció ante el Ministerio Público a la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar por negarse a dar los datos solicitados. También denunciaron al gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, por el mismo tema.
Otros instituciones financieras, como el Popular y el BAC, sí enviaron la información que el Central les solicitó.
Esta situación generó que desde la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa se abriera una investigación. Ya el jerarca del Banco Central, Roger Madrigal, estuvo en audiencia ante los diputados.
Ahí dijo que la superintendente Aguilar estuvo de acuerdo, en principio, con entregar la información solicitada, sin embargo, la Sugef lo contradijo.
“En ningún momento se acordó por las partes (FMI, BCCR, Sugef y Conassif) que el suministro al BCCR de datos crediticios por parte de Sugef conllevara a incluir el número de identificación de los deudores” señaló la Superintendencia a El Observador.
La investigación en el Congreso continuará por las próximas semanas.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también acudió a la Sala Constitucional y se mantienen acciones en estudio.
Otros recursos de amparo fueron rechazados por la información incluida en los argumentos y no por el fondo.
A las investigaciones por el intento del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para acceder a la información financiera de la población que se llevan se suma un expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El reclamo lo interpuso la Fundación Privacidad y Datos (Pridat) y como primer paso se solicitó una medida provisional que está en proceso.
De momento, la jueza Liana Morera señaló que “en este estadio procesal es prácticamente imposible el determinar o emitir un criterio valorativo de fondo”.
En una primera resolución se dio audiencia a al Banco Central.
