Josué Alvarado
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Roger Madrigal, aseguró el jueves ante los diputados que la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, estuvo anuente a entregar datos identificables de los costarricenses en reuniones que se habían llevado a cabo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) contradice lo dicho por Madrigal.
En una respuesta dirigida a El Observador la Sugef confirma su participación en reuniones con el Central, el Consejo (Conassif) y el FMI en las que se mostró anuencia a entregar información, como ya ocurre, para la creación de un repositorio y de nuevos indicadores como el hidrológico.
“ Pero en ningún momento se acordó por las partes (FMI, BCCR, Sugef y Conassif) que el suministro al BCCR de datos crediticios por parte de Sugef conllevara a incluir el número de identificación de los deudores” señaló la Superintendencia a este medio.
Las declaraciones de Roger Madrigal
Ante la consulta de la diputada frenteamplista Sofía Agüero, Roger Madrigal aseguró que a Aguilar se le explicó que los datos tenían que contener los números de cédula de las personas físicas y jurídicas ligadas al sector financiero. Añadió que aún así hubo anuencia durante esos encuentros.
Posteriormente, el jerarca del Central respondió a la legisladora Andrea Álvarez que fue la misma Sugef la que propuso crear un artículo a través del cual se podía sancionar a las instituciones que se negaran a entregar la información.
Diputados abren investigación
Estas declaraciones las brindó este jueves 21 de setiembre, durante su comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Madrigal tendrá que volver a declarar bajo fe de juramento, debido a que los diputados no terminaron su interrogatorio.
Además, en la sesión de este mismo jueves se acordó la apertura de una investigación por esta solicitud de datos hecha por el Central y que según algunas fracciones legislativas representa una amenaza para la privacidad de las personas y la confidencialidad de su información.
Durante la participación de Madrigal en la comisión negó que se estuviera solicitando información sensible de la ciudadanía, aunque reconoció que pretenden tener datos ligados a un número de cédula.
Los legisladores en su mayoría cuestionaron la falta de convenios y de autorizaciones de los titulares de los datos para poder transferirlos y manipularlos para la creación de estadísticas.
