Tomás Gómez
Los profesionales en Computación e Informática advirtieron que, desde el punto de vista de su profesión, hay irregularidades en la polémica petición de datos financieros que hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“La petición realizada por el BCCR a las instituciones bancarias del país, con el propósito de adquirir datos específicos de sus clientes deudores sin ocultar sus identidades, plantea una grave inseguridad jurídica en relación con la integridad, sensibilidad y la confidencialidad de esa información”, apuntó el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).
El grupo recalcó la importancia de la estadística para la toma de decisiones, pero apunta que es necesario el respeto a la privacidad y la protección de datos.
A su criterio la situación se agrava por hechos como la facilitación de datos que hizo la Dirección General de Tributación.
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La agrupación recalcó que, por su naturaleza, la transferencia de estos datos necesitaría del permiso de cada persona.
“Es fundamental que se implementen los consentimientos informados de los titulares, así como todas las medidas y protocolos de actuación y seguridad de primer orden, garantizando la integridad, privacidad y seguridad de la información personal”, señalan.
Finalmente piden que se revisen todas las políticas, protocolos, medidas y prácticas vigentes, con el fin de asegurar el acatamiento al marco normativo. Esto abarca el uso de técnicas de anonimización y pseudonimización, así como la restricción total de acceso a los datos únicamente de las personas competentes para cumplir con sus funciones.
El dictamen del CPIC recalca que diversos elementos de la normativa nacional garantizan la protección a los datos de las personas. Entre ellos:
- El Artículo 24 de la Constitución Política garantiza el derecho a la privacidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones. Establece que los documentos y comunicaciones privadas, ya sean escritas, orales o de cualquier otro tipo, de los habitantes de la República son inviolables.
- La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N° 8968) tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, específicamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación a su vida privada o actividad y otros derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.
Ante ello, los expertos tecnológicos pidieron actuar con “máxima ética y responsabilidad”, siempre respetando la ley.
Segunda advertencia profesional
El pronunciamiento del CPIC se suma al del Colegio de Abogados, que desde el punto de vista jurídico detectó graves problemas en la política de datos del Banco Central.
En el caso de los juristas las advertencias van desde la potestad de la institución hasta el posicionamiento de la Procuraduría General de la República.
“El acuerdo dictado por el Banco Central de Costa Rica por el cual pide información personal a diferentes entes públicos, es abiertamente inconstitucional y contraria las convenciones internaciones sobre derechos humanos vigentes en Costa Rica; que tienen jerarquía superior a la ley común”, apuntaron.
Asimismo fustigaron la interpretación que hace el Banco de varias leyes en su intento por justificar la petición de datos.
“En esta materia de protección de datos personales, es evidente que el Banco Central de Costa Rica, la Procuraduría General de la República, así como los entes y órganos que recibieron la petición del Banco Central, debieron entender que su principal misión es proteger los derechos de las personas, no expandir sus atribuciones públicas en detrimento de esos derechos fundamentales”, concluyen.
