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Qué cambia en Florida con la nueva ley que causa pánico entre muchos inmigrantes

La gobernación de Florida la define como “la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal” de Estados Unidos y sus…

Qué cambia en Florida con la nueva ley que causa pánico entre muchos inmigrantes
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La gobernación de Florida la define como “la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal” de Estados Unidos y sus efectos preocupan a muchos.

Este 1 de julio entra en vigor una ley firmada en mayo pasado por el gobernador Ron DeSantis que dificulta la vida de los inmigrantes sin papeles en el estado y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes los transporten en sus vehículos.

Cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington DC, estima en 772.000 el número de migrantes indocumentados que residen en Florida.

Pese a las restricciones legales que enfrenta, esta población migrante juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo.

Desde que DeSantis firmó la ley, casi dos meses antes de su entrada en vigor, el miedo empezó a hacer mella en las comunidades de indocumentados.

La prensa ha informado sobre granjas y obras en construcción en las que ha empezado a faltar mano de obra, cuyos trabajadores han manifestado su decisión de irse del estado o, al menos, han dicho que están contemplando esa posibilidad.

También ha habido informes sobre locales de comida que afirman no solamente haber perdido empleados, sino también clientes que -por su situación migratoria- ahora limitan sus salidas a la calle.

BBC Mundo te cuenta cuáles son los cambios más importantes que trae consigo esta nueva normativa que ha atemorizado a los trabajadores indocumentados.

Empleo y movilidad

La ley firmada por DeSantis establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify -una web que permite constatar la empleabilidad de un inmigrante desde el punto de vista legal- a partir de este 1 de julio.

Aquellos empleadores que no cumplan con usar este sistema se enfrentan a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador, así como a la imposición de otras penalidades.

La construcción es un sector que emplea a muchos migrantes sin papeles.

La nueva normativa castiga a quienes “a sabiendas y voluntariamente” transporten a estos inmigrantes sin papeles hasta Florida (desde fuera del estado o del país).

Se establece que transportar por primera vez -y sin que se trate de menores- a estas personas será castigado como un delito de tercer grado, sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta US$5.000 de multa por persona trasladada.

Quienes sean reincidentes, trasladen a menores o a grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y de una multa de hasta US$10.00 por persona.

La movilidad de estos migrantes sin papeles también se verá afectada por una disposición que establece que no podrán usar licencias emitidas por otros estados del país para conducir en Florida y que si no pueden demostrar que su presencia estaba legalmente autorizada cuando obtuvieron la licencia en otro estado, entonces tendrán prohibido operar vehículos en este estado.

En la actualidad, 19 estados y el Distrito de Columbia tienen normativas que permiten emitir permisos de conducir a inmigrantes indocumentados, de acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Además de estas limitaciones, la nueva legislación prohíbe a condados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados.

Por último, la nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.

Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.

Impacto económico

Pocos días después de que el gobernador DeSantis firmara la ley a inicios de mayo, la prensa local en Florida comenzó a publicar numerosas informaciones según las cuales algunos de estos trabajadores indocumentados habían dejado de asistir a sus lugares de trabajo.

En las últimas semanas, las historias que cuentan los medios tratan sobre trabajadores que se están marchando o que contemplan hacerlo ante el temor a verse impactados por la nueva norma.

DeSantis es uno de los aspirantes a la candidatura republicana para las elecciones de 2024.

Esta semana, BBC Mundo publicó algunas historias sobre el tema, como la de Alejandra, una migrante colombiana que este mismo sábado se muda de Florida a Nueva York con sus tres hijos, huyendo de la nueva ley; o la de Maikel, un migrante uruguayo que se había establecido en este estado con su esposa y sus dos hijos -uno de los cuales padece autismo- quienes directamente han decidido abandonar EE.UU.

Gina Fraga, abogada especializada en migración, advirtió que la nueva ley podría generar falta de mano de obra en el sector agrícola, en el que hay preocupación ante la posibilidad de que reciban multas e incluso penas de prisión por transportar a trabajadores que quizá no tienen los documentos específicos que se les requiere.

“Todo el mundo está en pánico porque nadie sabe lo que puede ocurrir”, dijo Fraga en mayo a la televisora WPTV.

Destacó, además, que hay un retraso de 10 meses en la autorización de permisos de trabajo.

La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con más de 10.000 miembros pertenecientes a minorías -principalmente latinos-, dijo que la norma firmada por DeSantis es una de las leyes migratorias más crueles.

Gran parte de los Trabajadores agrícolas en Florida proceden de América Latina.

¿Quiénes continuarán trabajando colocando techos, brindando servicios de limpieza, servicios de alimentos en restaurantes, paisajismo, construcción de viviendas y de edificios comerciales, atención de enfermería en nuestros hospitales y hogares de ancianos, y mucho más? ¿Quién cosechará los cultivos que comemos todos los días y de los que dependemos para nuestro sustento?”, preguntó la organización en un comunicado.

Desde la firma de la nueva ley por parte de DeSantis se han publicado decenas de videos en TikTok en los que supuestos conductores de camiones de carga están haciendo llamados para no transportar mercancías a Florida, como una medida para protestar por esta nueva ley. BBC Mundo no pudo confirmar la veracidad ni el alcance de este supuesto boicot.

Esta no es la primera vez que el gobernador de Florida está en el foco de las críticas por su política contra los indocumentados.

En septiembre de 2022, las autoridades de Florida fletaron un avión privado para trasladar a medio centenar de migrantes -la mayor parte venezolanos- desde Texas hasta la lujosa isla de Martha’s Vineyard, generando una fuerte polémica.

La nueva ley le otorga al programa de reubicación de migrantes de Florida unos US$12 millones adicionales para operaciones de este tipo.

DeSantis ha justificado esta nueva ley por el supuesto caos creado en la frontera de EE.UU. por las políticas del presidente Joe Biden, a quien acusa de estar incumpliendo su obligación de proteger el territorio estadounidense.

Hay analistas que vinculan estas y otras medidas recientes impulsadas por DeSantis, como la ley que impide que a los estudiantes de cualquier nivel en las escuelas de Florida se les eduque sobre temas de género -bautizada por sus críticos como “no digas gay”-, con las supuestas aspiraciones del mandatario a optar por la candidatura presidencial del Partido Republicano.