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Carlos Peña para El Observador
En los pasados días me consultaron cuales son las ventajas de estar formalizado ante el Estado para el ejercicio de la actividad empresarial.
Es importante aclarar que en la legislación costarricense no existe una definición exacta o precisa sobre qué significa ser formal. Yo considero que ser una empresa formal conlleva:
- Inscribirse en Hacienda y emitir facturas correctamente
- Poseer los permisos de salud y ambientales requeridos para la ejecución de la actividad
- Si tiene empleados, estar inscrito y al día con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
- Tener las licencias municipales requeridas
El problema de los trámites públicos es que no generan valor agregado al proceso productivo o al cliente. Si bien las autoridades (especialmente de Salud) señalan que las autorizaciones gubernamentales lo que generan es seguridad para el usuario, esto resulta una falacia porque ¿Quién garantiza al cliente la seguridad de uso de un producto o servicio es el concepto de garantía salvaguardado por la ley, no por una entidad estatal?
El trámite, como tal, no tiene valor social. Simplemente es un mecanismo que tiene el Estado para captar parte de la riqueza privada y así democratizar dicha riqueza por medio de servicios dados por el Estado. Los trámites solo tienen una función recaudadora.
El comienzo
Mi recomendación es y será que al inicio de un proceso de emprendimiento, no se fije en las licencias gubernamentales, a menos de que sea estrictamente necesario.
Un emprendimiento, de menos de 1 año de existencia, no tiene sentido inscribirlo en todas las entidades. Un emprendimiento joven todavía tiene que trabajar el modelo de negocio y hacer tantos ajustes costosos que pueden terminar en problemas de flujo de caja por dedicarse a pagar trámites, sin recibir ventas suficientes para pagarlos.
En mi carrera profesional, he visto docenas de empresas que terminan cerrando porque dedican grandes sumas de sus ingresos a pagar impuestos, tasas y tarifas que no eran estrictamente necesarias pero, por un tema de presión institucional terminaron pagando. Eso, a pesar de que no necesitaban o era un empresa sumamente joven.
Recodemos que en Costa Rica, una PYME debidamente formalizada bajo el criterio del Gobierno, termina pagando un 58,3% de todos sus ingresos en impuestos y cargas sociales. Literalmente se trabaja para pagar la carga estatal.
Una vez conocí una emprendedora que comenzando su negocio sacó un crédito personal para pagar la CCSS. No pudo sostenerlo ni 3 meses, sus ventas eran apenas 50 mil colones mensuales y sus gastos solo de seguridad social eran más de 85 mil; es algo sin sentido.
Las empresas deben cubrir solo los gastos que generen valor, si un gasto no genera valor hay que omitirlo inmediatamente.
Existe una cierta presión, especialmente por parte de empleados públicos, de exigir que toda empresa, sea pequeña o grande, esté totalmente formalizada, pero es una utopía imposible de alcanzar.
Es necesario aclarar que nuestro modelo de desarrollo está basado en atracción de inversión extranjera directa y creación de puestos de empleo. No está así enfocado en creación de emprendimientos, aumento de inversiones y gestión del capital.
Como lo he mencionado en artículos anteriores, es urgente redireccionar nuestro modelo de desarrollo en uno que fomente la inversión de pequeños montos y no trate a las grandes fortunas al igual que a los emprendedores incipientes.
Espero que pronto lleguen jugadores políticos con real interés en solucionar esta problemática. Volveré a insistir en aquel proyecto que redacté denominado “Ley de Fomento a la Persona Emprendedora”, que busca bajar a la mitad el cobro de cargas sociales a los emprendimientos, durante los primeros 4 años.
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