Hermes Solano
Sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea está en manos del presidente Rodrigo Chaves, aunque no hay certeza de que vaya a firmar la ley.
El veto es una fuerte alternativa, incluso con aviso previo desde semanas atrás. Ese veto podría ser total o parcial; es decir, que solo vetaría uno de los artículos de la iniciativa.
En administraciones anteriores, como la de Carlos Alvarado, eso sucedió; sin embargo, con el veto parcial tampoco habría tiempo para que el país cumpla las recomendaciones de la comunidad europea.
El propio Chaves ya vetó parcialmente la Ley para darle sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito; lo hizo en octubre del año anterior.
Las diferencias entre los diputados que aprobaron el expediente con el Poder Ejecutivo se basan en uno de los artículos, el primero, que mantiene la renta territorial y según el Gobierno, harán que grandes empresas no paguen los réditos obtenidos en el exterior.
La diputada del PLN, Paulina Ramírez, y quien fue parte de la Comisión que analizó y discutió el tema asegura que ni con el veto parcial darían los plazos para que el país tenga la posibilidad de salir de la lista.
“Es lamentable porque de darse el veto, sea total o parcial, en ninguno de los dos casos habría espacio para entregar a tiempo a la Unión Europea el texto aprobado”, consideró.
“Tampoco darían los tiempos”, añadió.
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(Archivo/El Observador)
El proceso
En caso de un veto parcial, el proyecto, según lo determina la Constitución Política, debe volver a la Asamblea Legislativa.
Así se determina en los artículos 125 y 126 de la carta magna.
“Artículo 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes”.
El siguiente artículo habla del tiempo que tiene el Ejecutivo para vetarlo, que es de 10 días hábiles.
Una vez regresa al Congreso, con veto parcial y las recomendaciones desde el Gobierno, el proyecto debe ir a la Comisión dictaminadora.
Ahí, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, tienen un “plazo improrrogable de un mes (para) rendir informe al Plenario sobre las objeciones del Poder Ejecutivo”.
En caso de que los diputados aconsejen avalar las reformas planteadas por el Ejecutivo, la iniciativa deberá someterse de nuevo a los dos debates.
“Si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el asunto”, señala el artículo 208 del reglamento.
Todo esto haría imposible que se pueda tener el documento a tiempo.
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(Cortesía Casa Presidencial)
Sin ampliación
Los técnicos de la Unión Europea le dijeron a los diputados que lo ideal era entregar ya el proyecto aprobado y firmado por el Gobierno desde el 8 de setiembre, para que las autoridades de la comunidad europea lo tuvieron en sus manos el 15 de setiembre.
La Asamblea lo aprobó en segundo debate el jueves 7 de setiembre y se envió al Ejecutivo, que está en plazo para la firma o los 10 días para el veto.
Según la diputada Ramírez, nunca se habló de la posibilidad de una ampliación para enviar el proyecto.
“No se ha conversado y es el Gobierno Central el que debería pedirlo, pero no hemos visto interés. Esperamos que actúe responsablemente”, consideró la legisladora.
La decisión final sobre el tema se sabrá este jueves cuando Rodrigo Chaves lo anuncie en conferencia de prensa.
