AFP
(Madrid, España). El Real Madrid anunció este domingo que se personará como parte perjudicada en la investigación judicial por un escándalo de presunta corrupción arbitral que involucra al Barcelona, rompiendo su silencio sobre este sonado caso.
“El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos (…) y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas”, señaló un comunicado del club madrileño.
La decisión fue tomada por la junta directiva del Real Madrid, que se reunió este domingo a solicitud del presidente del club, Florentino Pérez.
El caso
El Real Madrid reaccionó así a la decisión de la Fiscalía de Barcelona que el viernes presentó una denuncia por “corrupción entre particulares” contra el Barcelona y varios de sus exdirigentes en el marco del conocido como caso Negreira.
La querella apunta al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, así como a los antiguos presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
También figura en la denuncia el club azulgrana como persona jurídica.
La fiscalía presentó la denuncia tras una investigación de casi un año sobre unas irregularidades tributarias de la empresa Dasnil 95 de Negreira por unos pagos del Barcelona supuestamente por informes arbitrales.
El documento señala que Negreira, vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.
Según la fiscalía, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira para que este “realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club”.
El Barça nunca ha comprado árbitros
“Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca”, afirmó tajante el presidente del Barcelona, Joan Laporta, el martes pasado durante un coloquio en la capital catalana ante las dudas suscitadas por el caso.
En el aspecto deportivo, el Barcelona no corre ningún peligro, al menos en España, donde los hechos han prescrito, tal como confirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pero se desconoce la posición que podrían tener UEFA y FIFA.
En el ámbito penal, los denunciados se arriesgan a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, según Alberto Palomar, profesor de derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, consultado por AFP.
El caso echó unas sombras sobre el estamento arbitral, que llevó al conjunto de los árbitros a publicar un manifiesto la pasada semana en el que defendieron que las supuestas acciones de una persona “no pueden manchar de esta manera tan dolosa nuestra imagen y la honorabilidad”.
El caso ha llegado hasta el gobierno de España, donde el ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, afirmó el martes en el Senado que “el problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español”.
