Tomás Gómez
Pese a que el Poder Ejecutivo pretendía tomar ¢25,8 mil millones del superávit del Instituto Costarricense de Turismo para el proyecto “PAGAR” -planeado para reducir la deuda pública y luego redirigido a atender la pandemia-, ahora accede a sacar al ente de la lista con tal de que los diputados aprueben la iniciativa.
La participación del ICT en la proyecto estuvo en la polémica desde su presentación pues a diferencia del monto propuesto por el Poder Ejecutivo la institución aseguró que su capacidad de contribución era de ¢14 mil millones.
Luego, con la llegada de la crisis de la COVID-19 el ICT pidió una exclusión total del plan pues su sector es de los más afectados.
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«Equivale a quitarle la materia prima al sector turístico, es decir, la capacidad de invertir en fortalecer el sector en las áreas de mercadeo y en otros apoyos diversos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que representan cerca del 94% del total de empresas del país, muchas de las cuales no tienen capacidad de hacerlo con recursos propios, máxime después de varios meses en los que tendrán ingresos cercanos a cero. Ante ello, las campañas promocionales de destino que realiza el ICT, son la única forma que se tiene para procurar una pronta recuperación del destino», manifestó el órgano a los diputados.
Ante las dudas y con una amenaza de cierre técnico del ICT, el Gobierno accedió a dejarlo por fuera según una carta enviada por el Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, y el Viceministro de Hacienda, Jorge Rodríguez.
“Hemos escuchado con atención las inquietudes de diferentes diputados y diputadas en cuanto a los recursos que el proyecto extrae del ICT y nos parecen válidas”, declaró Prieto.
Rejunta de dinero
El proyecto PAGAR fue planteado por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en febrero justo antes de ser interpelado por los diputados.
En total, el plan identifica ¢225. 000 millones de superávits de instituciones educativas, sociales, tecnológicas y productivas.
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el de Desarrollo Rural (INDER) y el Puertos del Pacífico (INCOP), accedieron a participar.
Al igual que el ICT, el sector telecomunicaciones pidió ser excluído y la Junta de Protección Social (JPS) una rebaja.
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La Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones aseguraron que sus leyes impiden una libre disposición de los recursos.
Mientras, la JPS señaló que requerirá de recursos por la cancelación de sorteos debido a la pandemia y que necesitaba ¢15.000 de los ¢34.000 millones pretendidos por el Gobierno.
