Tomás Gómez
La Sala Constitucional rechazó un recurso más que pretendía traerse abajo la vacunación anticovid obligatoria entre los empleados públicos, ahora en el gremio educativo.
Un docente -cuya identidad no trascendió- alegó ser alérgico al medicamento, por lo que presentó un dictamen que no fue aprobado por el Ministerio de Educación Pública.
Ante ello, recurrió al alto tribunal para que se suspendiera la resolución No. MEP-3150-2021 (que rige el tema en el Ministerio) y se declarara la inconstitucional de su aplicación.
Lo que alegó el docente
Entre otros temas alegó que la normativa limitaba sus libertades y que no cabía aplicar las disposiciones del Código de Trabajo en materia de sanciones.
Esto porque, dijo, el covid-19 no era una enfermedad laboral. Incluso señaló que la medida violaba los derechos humanos y que las sanciones requeriría de un ley especial.
Ninguna de sus quejas, sin embargo, tuvo eco entre los magistrados. Recurriendo a sentencias anteriores, el alto tribunal recordó los criterios con los que lleva meses validando la vacunación obligatoria.
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En primer lugar recalcó que no se trata de vacunas experimentales sino debidamente aprobadas. Cómo con el resto de medicamentos, recalcó, existen las debidas excepciones de aplicación para aquellas personas con contraindicaciones médicas.
Para esos casos, enfatizó, hay también un debido proceso de certificación de las contraindicaciones.
Finalmente, la Sala recordó que las autoridades de salud deben dar toda la información antes, durante y después de la vacunación para seguridad de los pacientes.
“En todos los casos se debe respetar el derecho a la información de todas las personas a las que se les somete a esta vacunación obligatoria”, señalaron. “Conviene citar el Manual de Procedimientos para la ejecución de vacunación contra Covid-19 en los establecimientos de salud de la CCSS, que exige justamente velar por el derecho a la información de los usuarios”, sumaron.
La sentencia es la 2765 – 2022 y se puede consultar completa en este link.
Para entrar a los centros educativos el MEP exige que los adultos presenten código QR, carné de vacunas o EDUS (Archivo)
Sala IV del lado de la vacunación
Con la llegada de las vacunas contra el covid-19 diversos grupos opositores buscaron en la Sala IV una justificante contra las inyecciones.
El tribunal las respaldó desde un inicio alegando el bienestar colectivo y el proceso científico que las respalda.
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Más adelante, conforme se fue dictando la obligatoriedad en algunos sectores, también reiteró su postura. Así ocurrió con reclamos hechos por personal médico y empleados de instituciones como el ICE y el Banco Nacional.
También respaldó la obligatoriedad dictada por las autoridades a favor de los menores de edad.
Grupos opositores a las vacunas del covid-19 y sus medidas han recurrido en diversas ocasiones sin éxito ante la Sala Constitucional (Archivo)
