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Sandra Piszk: “Es un acuerdo en el cual el Gobierno cede absolutamente todo”

Un día después de firmarse el acuerdo entre sindicatos, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el…

Por Katherine Ulate A.

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Sandra Piszk: “Es un acuerdo en el cual el Gobierno cede absolutamente todo”
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Un día después de firmarse el acuerdo entre sindicatos, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Ejecutivo, las reacciones y críticas a la forma en que se levantó la huelga, no se hicieron esperar.

Sandra Piszk, politóloga y exministra de Trabajo, cuestionó el accionar de las autoridades. “(Es) un acuerdo en el cuál el Gobierno cede absolutamente todo”, dijo.

La también exdiputada mostró su preocupación, ante las señales contradictorias que envía la Presidencia de Carlos Alvarado, que por un lado luchó y se desgastó aprobando una reforma fiscal y promete controlar el crecimiento del gasto del Gobierno central; y por otro permite que se mantengan los aumentos históricos en los beneficios salariales de una entidad como la Caja.

“El mismo Gobierno, luego de haber establecido todo un mecanismo para controlar el gasto público, se desdice con este acuerdo que no tiene nada que ver con la regla fiscal”, aseguró Piszk.

El lunes en la noche, luego de 41 horas de negociación, los sindicatos del sector salud y autoridades de la Caja llegaron a 15 acuerdos para levantar el movimiento. Sobresale el mantenimiento de beneficios salariales contrarios a la reforma fiscal.

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En uno de los principales puntos del acuerdo, se pedirá a un juzgado que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no aplique a los trabajadores de la CCSS, en lo relacionado con anualidades, complementos, sobresueldos y pluses.

Además se respetarán los acuerdos 1.2 y 2.1 del acta firmada el 20 de febrero del 2019, con respecto a mantener los incentivos salariales y sobresueldos para todos los trabajadores incorporados antes de la reforma fiscal.

De acuerdo con la exministra de Trabajo del 2010 al 2012, lo hecho por la Caja desdice lo que el Poder Ejecutivo ha pronunciado:

  • en materia de regulación de huelgas
  • en la necesidad de controlar el gasto público
  • y el unificar la forma de trato de las entidades autónomas.

“La autonomía es relativa en materia de recursos. Todas las instituciones quedaron bajo las mismas condiciones en la ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (…) En estos momentos los ministros dicen una cosa y el Presidente de la República dice otra, y eso me parece muy preocupante”, agregó Piszk.

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Una ley clara

Para Piszk la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas es una ley clara, en la forma en la que se regulan las anualidades y los pluses salariales de todas las instituciones.

“Aquí lo que se está ignorando es una Ley que le costó al país muchísimas discusiones que (…) en el mismo mes de julio que se empieza a aplicar el cobro del IVA (Impuesto al valor agregado) y que a todo mundo se le pone a pagar impuestos, a un grupo de funcionarios se le sigue pagando las anualidades de la misma forma en que la Ley lo había establecido en forma distinta”, agregó la dos veces exdiputada.

Acotó que desde el punto de vista económico, el no aplicar la ley, sí afecta el país.

Vino a tratar de resolver esos problemas. Entonces si se va a empezar a irrespetar la ley y ahora en la Caja y más adelante serán posiblemente otras instituciones autónomas que también pretenden estar fuera de la ley.

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Debilidad del Gobierno

El exdiputado Otto Guevara aseguró que el Gobierno mostró “debilidad” ante los sindicatos”, pues los acuerdos firmados previamente por el presidente de la Caja Román Macaya se mantienen.

Luego de la firma del acuerdo el 20 de febrero, el Poder Ejecutivo giró una serie de decretos en los que establecía un monto nominal fijo en el pago de anualidades, pluses salariales e incentivos. Ahora ese decreto se violaría.

Para Guevara lo firmado el lunes por la noche, es contrario a lo establecido por el Ministerio de Hacienda y por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Luego de siete días continuos de huelga por parte de los sindicatos del sector salud, la Caja reportó que un total de 1.399 cirugías no fueron ejecutadas. El paro de los gremios inició el pasado 5 de agosto.

Durante los días de afectación se programaron 2.810 operaciones en 29 centros hospitalarios, de las que solo en 1.411 los pacientes recibieron el procedimiento que necesitan. Representa el 50%.

Se estima que la huelga le ha costado a la Caja, de su Fondo de Emergencias, más de ¢560 millones.

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