Paula Ruiz
La semana pasada, 33 diputados aprobaron un proyecto de ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. En la votación seis legisladores se opusieron a la iniciativa.
Los seis votos fueron emitidos por los independientes afines a Nueva República. ¿Se oponen a promover la lectura? Jonathan Prendas, vocero del grupo, explicó las razones de la objeción.
El motivo principal tiene que ver con el giro de ¢250 millones por año durante cinco años, por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Es decir, durante primeros cinco años de ejecución, el INS tendría que girar ¢1,250 millones provenientes de sus utilidades anuales, según especifica el proyecto.
“El tema es que ya a través de varios proyectos de ley le han quitado plata al INS de los rendimientos, no se los están quitando sobre el rendimiento neto, sino el bruto”, explicó Prendas.
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En junio de 2020, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) advirtió a los diputados sobre el portillo que se abriría con la aprobación de un proyecto que obligaba al INS a transferir recursos al Consejo Nacional de Producción (CNP).
En aquella ocasión, se estimó que el Instituto debía girar entre ¢1.300 millones y ¢1.500 millones para el Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte. El proyecto, finalmente se aprobó en segundo debate en setiembre de 2020.
El diputado Mario Castillo, del PAC, impulsó la iniciativa. (Cortesía Asamblea Legislativa).
Uso y destino del dinero
Prendas también estimó que la iniciativa puede ser utilizada en plena campaña electoral para favorecer al partido de Gobierno.
Considera que el proyecto no especifica qué se hará con el dinero y quién debe rendir cuentas sobre esos recursos.
El oficialista Mario Castillo fue quien impulsó este proyecto de ley en el Congreso. Aseguró que el dinero será utilizado en actividades que deben ser programadas por el Consejo Nacional del Libro, órgano que se crea con esta iniciativa.
Castillo dice que los fondos pasan al Ministerio de Cultura y Juventud, por lo que el Consejo deberá rendir cuentas a esta institución.
No obstante, en la iniciativa aprobada, eso no está especificado. Castillo afirmó que en cuanto sea sancionada como Ley de la República, se programará el primer giro de recursos para enero del 2022.
Este proyecto inicialmente buscó establecer un impuesto a la ropa de segunda mano (conocida como ropa americana), pero no prosperó.
“Era un impuesto ‘pinche’, mínimo, pero se consideró que la cadena de distribución de la ropa iba a incrementar los precios”, resaltó Castillo.
“Anuentes a buscar otras fuentes, al final, encontramos la posibilidad de que las rentas netas del INS, pudiéramos tomar esos recursos durante los primeros cinco años”, continuó.
“Y el otro elemento importante es que esa ley se va a ver fortalecida, por que cada contribuyente puede decidirlo así, darle un porcentaje del pago de impuesto al fisco es decir, el 5% de lo que voy a pagar, voy a entregarlo al Consejo Nacional del Libro”, amplió el diputado.
Por otra parte, otra de las críticas de Prendas es que el fomento de la lectura ya está dado al Ministerio de Educación Pública (MEP) -donde tienen una política específica- y al Sistema Nacional de Bibliotecas.
“Nos preocupa que el proyecto se esté usando para tapar las ineficiencias de instituciones, haciéndolas trabajar en conjunto”, agregó.
Castillo aceptó que ya hay instituciones con este tipo de fomento pero -según él- “no hay una articulación nacional, el proyecto pretende ver cómo se articulan esas iniciativas y se fomentan las prácticas de lectura en toda la población”.
INS se opone a esta ley
El 8 de marzo anterior, Róger Arias, expresidente del INS, se mostró a favor del plan promovido por Castillo.
Arias no objetó el giro de recursos al justificar que “otorga bienestar a toda la sociedad costarricense, a través de la generación de valor público”.
El exjerarca expuso en el criterio que de esta forma los individuos podían mejorar su calidad de vida y fortalecer su dignidad humana.
Este criterio fue enviado a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación donde se dictaminó el expediente 21.534.
Arias renunció a su cargo el 1 de junio e ingresó Juan Gabriel Pérez. Este último, cambió de posición institucional el 11 de agosto.
Pérez dirigió un escrito a Nancy Vílchez, jefa de Comisiones Legislativas, en el que pide no avalar el criterio emitido por Arias en marzo.
El actual presidente ejecutivo indicó que en la sesión de Junta Directiva del 27 de julio de 2021 se tomó la decisión.
Aunque reconocen el propósito del proyecto, las finanzas del INS han cambiado de marzo a la fecha, indica el documento.
“Siendo necesario valorar además cómo ha evolucionado la recuperación en las finanzas del INS de los ¢75.000 millones donados al Gobierno de la República (…) para atender la emergencia del covid-19”, señala el considerando.
Pese a lo expuesto, el proyecto ya fue aprobado en segundo debate y está en espera de ser sancionado por el presidente Carlos Alvarado.
El mandatario no ha mostrado una posición de veto a esta iniciativa.
El INS cambió su posición con respecto del proyecto de ley.(Archivo/El Observador)
