Krissia Morris Gray
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) criticó al Poder Ejecutivo por no definir una política pública, en el último año, dirigida a mejorar las capacidades y la conectividad de los estudiantes en condición de pobreza.
A criterio de dicha cámara, la administración de Carlos Alvarado dirige sus esfuerzos en impulsar la iniciativa del Programa de Alfabetización Digital.
Este proyecto, tramitado bajo el expediente 22.206, fue catalogado como “innecesario” por la Contraloría General de la República (CGR), debido a que la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) permite el desarrollo de estos programas.
Para Mario Montero, presidente de Infocom el Gobierno está perdiendo el tiempo y condena a los estudiantes a no tener las herramientas necesarias, por promover el proyecto de ley.
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“De haberse desarrollado política pública hace un año, hoy estarían en ejecución nuevos programas de Fonatel”, reafirmó Montero.
¿En qué usó los recursos?
Lo que se busca con el proyecto de ley es tomar de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y trasladarlos al Ministerio de Educación (MEP) para desarrollar programas de alfabetización digital.
Según Montero, también sería irresponsable el otorgar recursos adicionales al MEP que absorbe el 25% del Presupuesto Nacional, y que desde el 2013 ha recibido ¢322.000 millones para el programa “Aplicación de la Tecnología en la Educación”.
“Para 2021, este apartado dispone de ¢42.000 millones, el equivalente a tres veces lo que recauda Fonatel anualmente”.
“Le pedimos al Presidente primero, dar a conocer qué ha hecho el MEP con esos fondos, parte de los ¢2,6 billones que obtuvo de presupuesto para este año, antes de continuar dándole recursos sin ninguna rendición de cuentas”, reafirmó Montero.
También le exhortamos a explicar cómo el MEP, mediante el Proyecto de Alfabetización Digital, logrará llevar el acceso a internet en todos los rincones del país, incluyendo los hogares de los costarricenses, más allá del ámbito de acción de los centros educativos.
Montero aseveró que el MEP, con los “recursos millonarios asignados”, ha demostrado su ineficiente manejo de fondos.
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Antes de la pandemia
Sobre el particular, Montero fue claro al indicar que el ‘Apagón Educativo’ no empezó con la pandemia, sino que arrancó en 2018 con las huelgas, extendidas a 2019. Dos administraciones han sido incapaces de resolver la problemática educativa.
“El problema evidentemente no es de falta de recursos, es de falta de liderazgo, voluntad política, definición de metas, eficiencias y gestión, todo ello responsabilidad del Poder Ejecutivo y del MEP”, puntualizó Montero.
En el octavo informe del Estado de la Educación del Programa Estado de la Nación, se concluye que el sistema público atraviesa una crisis de la que se deben tomar medidas a corto plazo.
“Cuando vino el golpe de la pandemia quedaron en evidencia los rezagos históricos que se le suman los efectos que provoca la pandemia y que el informe califica como un apagón educativo”, reconoció Isabel Román, coordinadora del Estado de La Nación.
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La cámara instó a las autoridades a enfocar sus esfuerzos en tomar acciones que favorezcan el despliegue de redes de telecomunicaciones, que permitan mejorar la conectividad y las oportunidades de los habitantes.
Al mismo tiempo, recalca en la necesidad de crear una política pública en beneficio de los estudiantes en condición de pobreza.
Krissia Morris Gray
