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Sector empresarial se opone a legalización de huelgas en servicios esenciales

Ante la propuesta de 13 diputados para legalizar las huelgas en servicios esenciales como salud y los cuerpos policiales, varios…

Por Paula Umaña

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Sector empresarial se opone a legalización de huelgas en servicios esenciales
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Ante la propuesta de 13 diputados para legalizar las huelgas en servicios esenciales como salud y los cuerpos policiales, varios sectores empresariales hicieron pública su oposición.

Tanto la Cámara de Comercio como la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestaron el descontento con la iniciativa.

“Con esto se permitiría entorpecer y hacer más lentos los servicios esenciales para la salud y la seguridad de los costarricenses”, aseguró Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.

Por su parte, desde la Uccaep se manifestó que “no creemos que violar los derechos de la ciudadanía en salud o en seguridad sea algo correcto (…) y jamás deberá ser legal”.

Entre los diputados que promueven la iniciativa, que se trata de un texto sustitutivo al proyecto que se tramita para regular las huelgas en el país, se encuentra la liberacionista Franggi Nicolás.

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El texto sustitutivo contradice lo propuesto por el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, en el proyecto 21.049.

La nueva iniciativa también la apoyan José María Villalta del Frente Amplio, Dragos Donalescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otros.

Impacto de las huelgas

Según Fernández, no pueden pasar por alto el impacto que ha tenido la paralización de servicios, como la pérdida de miles de citas médicas y el impacto monetario en el sector comercio.

“Como sector sufrimos las consecuencias económicas de 17 mil quinientos millones de colones por semana”, manifestó Fernández.

Por su parte, Delgado aseguró que no se oponen al derecho a manifestarse de los ciudadanos.

No obstante, dijo, “no es aceptable que se basen en criterios tergiversados para realizar un movimiento ilegal, y que por este se afecten servicios esenciales para los costarricenses”.

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