Juan Pablo Arias
Los empresarios vinculados a los sectores publicitario y comercial rechazan la instauración de la censura previa que propone un proyecto de ley del Frente Amplio para el contenido relacionado con propaganda, publicidad y material promocional.
El expediente 21.375 contiene una modificación a la Ley 5.811 que introduce mecanismos como censura previa, multas y prohibiciones por el uso de la imagen de la mujer, en más ámbitos de los ya contemplados por la ley actual.
De acuerdo con el proyecto, se busca aplicar a aquellos anuncios publicitarios donde presenten a la mujer de forma ofensiva, discriminatoria o que reproduzca estereotipos de género, identidad u orientación social.
Asimismo, aplicaría para aquella propaganda que utilice “el cuerpo o partes del mismo como mero objeto relacionado o no, con el producto que se pretende promocionar”.
El artículo 1 establece además, que se regulará con base en aquellas formas de violencia y discriminación referidas en la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
También prohíbe la publicación en portada y contraportada de mujeres cuando se muestre como objeto sexual.
Polémica redacción
Pese que el objetivo central no es adversado, el rechazo que manifiestan tanto la Cámara de Comercio de Costa Rica como la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica tiene que ver con la redacción de la propuesta.
“Estamos seguros que estos textos fueron redactados con un buen propósito, pero la redacción subjetiva de esta iniciativa es la que nos inquita muchísimo. Nos preocupa la desconexión de los legisladores con la realidad nacional y con el sector empresarial”, explicó Mariam Bakit, presidenta de Comunidad.
En su opinión, el proyecto carece de definiciones y delimitaciones claras, cuando se refiere a términos como “ofensivo” o “que vulnere valores”, por lo que en la práctica quedaría sujeto a interpretaciones subjetivas.
Asimismo, resalta que en la redacción no se tomó en cuenta a las empresas de comunicación o los sectores relevantes que podrían verse impactados por este proyecto.
“Plantea un modelo de control estatal, con un perfil teórico que no se ajusta a la realidad. Nos inquieta porque este proyecto se uniría a otras leyes vigentes que provocan una sobrerregulación en la industria de la comunicación, la cual se ha visto significativamente afectada en los últimos dos años”, añadió Bakit.
La preocupación es compartida por Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.
“El proyecto de ley, en su redacción, utiliza conceptos jurídicos indeterminados que son muy peligrosos, porque limitan todo tipo de publicidad comercial. Determinar qué es ofensivo o no, es un asunto subjetivo y tiene que ver con un tema de valores individuales.
“De tal forma, la regulación que se propone, lejos de proteger a un determinado grupo, que en este caso se enfoca en la mujer, incorpora conceptos y regulaciones que podrían generar inseguridad jurídica y propiciar interpretaciones erróneas y hasta discriminación”, comentó.
Elizondo resaltó, no obstante, que la Cámara de Comercio sí está en contra de todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente para promover las ventas.
Fuertes sanciones
El proyecto establece fuertes sanciones de entre cinco a veinte salarios base a quien incumpla con lo dispuesto sobre la imagen de la mujer. Actualmente, un salario base es de ¢462.000.
Además, los medios de comunicación se exponen a multas de diez a quince salarios base por circular portadas o contraportadas de periódicos “que presente a las mujeres como objetos sexuales para la promoción de sus ventas”.
La multa más severa recae contra quienes incumplan con el retiro cautelar o definitivo “de la publicidad comercial, cuando esta haya sido ordenada por el Ministerio de Gobernación en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, se busca una sanción de entre quince a treinta salarios base.
Estas multas -en opinión de la Cámara de Comercio- podrían afectar de manera directa a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Dicho sector representa el 90% del parque empresarial costarricense y entre el 60% y el 70% del empleo.
“Las pymes al no contar con asesores y agencias de publicidad manejan ellas mismas sus campañas y probablemente sean las más afectadas por ese tipo de legislación”, indicó Elizondo.
Además, el proyecto se justifica en que su objetivo “es proteger el derecho de imagen de las mujeres” en la publicidad comercial. Por ello establece que todo tipo de anuncio que utilice la imagen de la mujer en sus textos o componentes audiovisuales, será controlada y regulada previamente, con criterio restrictivo por el Ministerio de Gobernación.
La censura afectaría directamente las plataformas digitales de comunicación y estrategias y el contenido editorial, así como en cualquier tipo de comunicación masiva de publicidad comercial.
“La forma adecuada de lograr un cambio en el tratamiento en la comunicación que utilice la imagen de la mujer en la publicidad, y en romper estereotipos femeninos que van en contra de su dignidad, es por medio de la educación, que conlleva a la autorregulación, como el vehículo idóneo de las sociedades democráticas desarrolladas”, resaltó Elizondo.
Por autorregulación se refiere a protocolos internos de las empresas con base en una escala de valores.
Proyecto frenteamplista
El plan original lo presentó el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, en el cuatrienio pasado, razón por la cual esta misma bancada defiende la iniciativa.
“Lo que queremos es que nadie esté lucrando a base de fomentar estereotipos y una imagen humillante o abusiva de las mujeres, contario a lo que se pudiera esperar, no existen las especificaciones para poder ejercerla en cuanto a la defensa de las mujeres”, dijo la legisladora Rocío Alfaro.
Según ella, la iniciativa logró el apoyo de la Asociación Nacional de Modelaje y la Asociación de Ventas por Catálogo.
En contra de este plan está la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, quien señaló que estos cambios son abusivos.
Asimismo, consideró que generarían más control por parte del Estado hacia las compañías y está en contra de la autodeterminación de las mujeres.
Como punto adicional, el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa AL-DEST-IJU-230-2019 llamó la atención porque este plan elimina del texto la referencia a la familia.
La legislación actual señala que la Ley 5811 regula “todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente”.
Pero, la propuesta del Frente Amplio elimina “el pudor de la familia”.
“Este es un tema cualitativo que deberán valorar las y los señores diputados, en virtud que queda desregulada esa referencia. La familia no sería motivo de ponderación en relación con su dignidad en campañas publicitarias, por ende, no pasaría por la Oficina de Control de Propaganda”, destaca el informe.
Colaboró en esta información la periodista Paula Ruiz.
