Tomás Gómez
Aunque tanto el Gobierno como varias fracciones han adelantado su oposición al Acuerdo de Escazú, contra el que pesan dudas desde varios sectores productivos, el convenio internacional se jugará este miércoles su último chance de seguir con vida en la Asamblea Legislativa.
Al Acuerdo se le vence el plazo que tienen los proyectos para ser votados por el Congreso.
En esos casos, la opción que queda es ampliar el “plazo cuatrienal”, lo cual consiste en mantener vigente por 4 años, en los cuales podría aprobarse o rechazarse. Caso contrario, la iniciativa pasaría de manera definitiva al archivo.
Para aplicar por esa opción debe presentarse una moción que deberá ser respaldada por la mayoría de diputados.
A la fecha, el impulso ha venido principalmente del Frente Amplio, que ha resaltado que
Entre otras fracciones, la posición es contraria. Por ejemplo, la Unidad Social Cristiana y Nueva República han ratificado su oposición al convenio. Lo mismo confirmó Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Liberal Progresista.
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En el caso del Poder Ejecutivo, el propio presidente Rodrigo Chaves aseguró días antes de asumir el cargo que los empresarios podrían estar tranquilos pues no se respaldaría el plan.
“El Acuerdo de Escazú yo no lo veo. No creo que sea beneficioso para el país; todo lo que incluye ya está contemplado en nuestra legislación”, dijo en mayo pasado.
Empleos y seguridad jurídica en juego
A lo largo de los años que lleva en discusión el Acuerdo de Escazú, diversos sectores de la economía han advertido sobre los portillos legales que abre el documento.
Aunque se presenta como un plan para proteger a los defensores del ambiente, sus alcances van más allá y habilitan diversas figuras legales que generan dudas.
Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras (Uccaep), para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde el 2015.
El documento fue firmado por 24 naciones pero requiere de la ratificación legislativa.
Para el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate en 2020 pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales.
No obstante, el Gobierno PAC de Carlos Alvarado lo promovió reiteradamente. El exmandatario llegó a acusar al sector empresarial de “sobredimensionar” sus temores.
Mientras ello ocurría a nivel local, en la región varios países fueron aprobándolo y cuando se llegó a 12 ratificaciones en el 2021, el Acuerdo entró en plena vigencia.
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De momento lo han votado Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
En ese lapso, además, la ONU ha lanzado diversos mensajes de presión a Costa Rica para adoptar el Acuerdo de Escazú.
