Tomás Gómez
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de atacar la disposición de la Contraloría General de la República (CGR), que obliga al Poder Judicial a implementar la reforma fiscal en sus salarios, generó satisfacción en el sector sindical del país.
“Celebramos y aplaudimos la rebeldía de la Corte Plena que confronta a la Contraloría”, publicó por medio de un comunicado la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Según el grupo sindical liderado por Albino Vargas, el criterio de la Contraloría fue una “orden imperial” que afectaría derechos adquiridos por los empleados judiciales.
“La CGR, cual gendarme – policía de la hegemonía ideológica-económica dominante – pone en peligro la estabilidad de la República y lanza una provocación de contenido inflamable de impredecibles consecuencias”, reza el comunicado.
En el texto, ANEP atacó nuevamente el paquete fiscal, que según ellos vulnera la Constitución Política.
“La indicada legislación, impuesta con triquiñuelas jurídicas y torciendo el procedimiento reglamentario del parlamento, hizo una derogatoria de facto de disposiciones medulares de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, saltándose las vías que la misma estableció para reformas constitucionales. Estamos encarando ya las graves consecuencias de ello”, espetaron.
OBSERVE MÁS: Corte sostendrá pulso con Contraloría por ajuste en salarios de empleados
Contra el plan fiscal
En marzo anterior los magistrados acordaron no aplicar los ajustes salariales indicados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a aquellos empleados que hubieran sido contratados antes del 4 de diciembre del 2018 – fecha en que entró en vigencia la ley -.
La medida fue atacada por la Contraloría, que el 20 de diciembre anterior ordenó a la administración judicial cambiar el cálculo de las remuneraciones de sus funcionarios según los parámetros de la reforma fiscal.
Tras el receso de fin de año, la Corte Plena dedicó la sesión del lunes a analizar el pronunciamiento del ente contralor, el cual no fue de recibo para la mayoría de los magistrados.
En una votación de 16 a 1, los altos jueces instaron al presidente judicial, Fernando Cruz, a iniciar un proceso legal para traerse abajo la disposición de la CGR.
Las opciones van desde un recurso de revocatoria hasta pedir la suspensión de la resolución.
