Hermes Solano
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó una nueva audiencia en el Juzgado para el sospechoso de no vacunar a un adulto mayor en La Unión de Tres Ríos.
El Ministerio Público apeló la resolución emitida por un juez, dejó en libertad al hombre sin ninguna medida cautelar y el Tribunal declaró con lugar los alegatos.
“Ahora se debe esperar a que dicha audiencia sea programada”, informó la Fiscalía este viernes.
El pasado 1 de mayo y tras la detención del funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, el letrado Luis Diego Ulloa dejó en libertad, sin ninguna medida, al sujeto de apellido Arrieta Umaña.
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La Fiscalía había solicitado en audiencia que el hombre debía ser trasladado a otra área de salud y firmar de manera periódica.
Ahora las autoridades deben citar al sospechoso para una nueva audiencia y determinar la situación jurídica.
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La vacunación que no ocurrió
A finales de abril circuló un video en el que se aprecia, cuando el funcionario investigado estaba vacunando a un adulto mayor. No obstante, se puede observar que el vacunador solo le introdujo la aguja y la extrajo, sin aplicar el líquido con la dosis anticovid-19.
El hecho tuvo lugar en el Área de Salud de La Unión (Cartago) y lo grabó un familiar de la persona afectada.
Los hechos fueron denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por un hombre de apellido Rodríguez.
Una vez que trascendió la información, autoridades de la CCSS presentaron la denuncia y abrieron procedimientos administrativos internos.
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La denuncia contra Arrieta
La detención del sospechoso ocurrió el 30 de abril, mismo día cuando Elías Rodriguez, de 80 años, recibió la dosis correcta. Él es el señor a quien el sospechoso no le aplicó la dosis.
“Ese señor estaba jugando con mi vida. Es la vacuna de la farsa (la que no le aplicaron)”, dijo el adulto mayor ese día.
El funcionario investigado se expone a una pena de uno a cuatro años de inhabilitación por “incumplimiento de deberes”.
Este delito se configura cuando un funcionario público ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función.
También se materializa cuando el funcionario ilícitamente se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.
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