Josué Alvarado
La Contraloría General de la República detectó una tendencia creciente en la cantidad de contribuyentes que no presentan sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el Ministerio de Hacienda pese a que es un mandato legal.
El porcentaje de obligados tributarios que omitió la presentación pasó de 13,2% en el 2021 a 18,9% en el 2022.
Para el primer semestre el 2023 ese porcentaje subió hasta 24,3% en el 2023. Es decir, en dos años el crecimiento del grupo que incumple fue de 11,1 puntos porcentuales.
Desde otro punto de vista, la cantidad de contribuyentes activos que no presentaron la declaración creció de 52.727 en el 2021 a 75.437 en el 2022. Actualmente llega a 96.545.
Con estos resultados la eficacia relacionada a la recolección de declaraciones bajó de alta a media, nivel en el que se encuentra actualmente.
“El marco normativo establece que todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones de impuestos pertinentes”, señala el ente contralor en el informe n° DFOE-FIP-IAD-00004-2023, publicado el 18 de octubre anterior.
(Archivo/El Observador)
Tampoco emiten comprobantes electrónicos
El ente contralor concluyó que, a pesar de la obligatoriedad que existe en el país para la emisión de comprobantes electrónicos para fines tributarios, la cobertura de contribuyentes que lo hacen sigue siendo “limitada”.
El porcentaje de contribuyentes que no los emitió en el 2021 fue de 37,2%. En el 2022 bajó a 30,2% y para el primer semestre del 2023 volvió a subir hasta 42,8%.
Es decir, hubo un aumento de 12,6 puntos porcentuales en el tamaño del grupo que incumple la emisión de los comprobantes.
La eficacia de esta obligación es “muy baja”, según la Contraloría.
Si se analizan los grandes contribuyentes nacionales, las empresas con mayor porcentaje de incumplimiento están relacionadas a los sectores de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler e industrias farmacéuticas.
En el caso de las medianas empresas, las que incumplen están relacionadas a intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y comercio al por mayor y al por menor.
También construcción, servicios comunitarios, sociales y personales.
Para el caso de las pequeñas empresas se determinaron menores niveles de cobertura de factura electrónica en los sectores servicios comunitarios y sociales, comercio al por mayor y al por menor, enseres domésticos, motocicletas, vehículos automotores y otros relacionados.
La Contraloría explica que desde marzo del 2018 existe la obligatoriedad para el sector productivo del país de emitir facturas electrónicas, que permitan una mayor trazabilidad al Ministerio de Hacienda y, por ende, una mayor lucha contra la evasión y la elusión fiscal.
También recuerda que únicamente los contribuyentes que pertenecen al Régimen de Tributación Simplificada y Régimen Especial Agropecuario están excluidos según lo establece la reglamentación nacional.
Se estima que 122.492 contribuyentes pertenecen a estos regímenes.
Debilidades en Hacienda
El informe de la Contraloría, que ya fue conocido por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y la viceministra, Priscilla Zamora, concluye que a lo interno del ministerio de “desvirtúa la razón de ser” de los comprobantes electrónicos.
Hasta ahora, cinco años después de implementado el sistema, la Dirección General de Tributación de Hacienda no ha constituido los datos de dichos comprobantes como fuente de información primaria para fortalecer el control tributario, señala el informe.
“El reto a la vista está en utilizar y aprovechar al máximo posible a futuro, la información disponible en estos comprobantes electrónicos en el proceso de control tributario, ya que el sistema de comprobantes electrónicos es el principal mecanismo con el cual dispone actualmente la administración tributaria costarricense para prevenir el incumplimiento tributario”, concluye la contraloría.
Por último, detecta que los contribuyentes no solo omiten hacer sus declaraciones, si no que Hacienda es débil para controlar a quienes no lo hacen. Esto conlleva una “menor eficiencia recaudatoria” de los impuestos.
Según la última información disponible, Costa Rica pierde ¢1,8 billones anuales debido al incumplimiento tributario. Esto representa un 5% de la producción nacional.
