Paula Ruiz
Rocío Aguilar, Superintendente de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), recomendó cambios a la ley que fijó un tope artificial a las tasas de interés, también conocida como “Ley de usura”, para contrarrestar la exclusión financiera del sector formal.
Las observaciones las realizó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde presentó el estudio anual sobre los efectos de esta Ley.
De acuerdo con la jerarca, con base en un estudio realizado por Sugef sobre los efectos inmediatos de la Ley, entre junio 2020 y junio 2021, hubo 275.000 operaciones menos.
Eso supone una exclusión de clientes que, aunque en el estudio no se logra determinar el perfil, podría considerarse que se trata de personas que requieren de un préstamo.
“Del perfil no hay un análisis, presumimos que son las personas de menores ingresos porque esta Ley tenía el otro componente que con determinado nivel de ingreso mínimo vital, no podían tener ingreso al crédito porque sancionaba a quien se los dieran, ignorando que lo requerían”, indicó.
De esta manera, ante la necesidad de un crédito, estas personas es probable que hayan ido a conseguir el dinero en el mercado informal con tasas altas o gota a gota.
En contraparte, se observó una disminución en las tasas de interés para personas que ya tenían créditos.
“Se puede observar cómo en junio 2020, fecha de publicación de la Ley, existían 610 mil millones de colones, colocados en créditos con tasas de interés en rangos del más del 42% para moneda nacional, mientras que, para los cortes de enero y junio 2021, dichos saldos se trasladaron al rango de tasas de interés del 33% a 36% con un desplazamiento hacia la baja de las tasas de interés máximas”, indica el informe.
Las sugerencias
Aguilar recomendó que más allá de imponer un techo para tasas de interés, se debe mejorar la competencia en el mercado financiero.
Aunque, enfocó su sugerencia en la creación de una Central Crediticia Integral que precisamente, permitiría mejorar la competencia y reducir los costos de transacción.
“Me encantaría destinar los esfuerzos del país para corregir los esfuerzos estructurales y abordar las reformas que se requieran para la central integral y la Ley de Protección integral del sector financiero”, aseguró la Superintendente.
La jerarca también recomendó avanzar hacia la Ley de Protección al Consumidor Financiero y avanzar en educación financiera.
El estudio
El estudio de Sugef compartido con El Observador refleja la afectación de la ley sumado a los efectos de la pandemia.
Algunos datos recopilados en el análisis de la superintendencia indican que la colocación crediticia a junio de 2021 fue de 23 billones de colones, una disminución de crecimiento de 2,82% en el último año.
“De igual forma se observa que la cantidad de operaciones crediticias del Sistema Financiero Nacional (SFN) han venido a la baja ( -4,77%), lo que significa que a junio 2021 el SFN posee 273.615 operaciones menos que hace un año, a pesar que, durante el año, se han presentado las tasas de interés pasivas del BCCR más bajas históricas”, indica el estudio.
Con respecto a los efectos directos de la ley en cuestión, Sugef informó que las entidades financieras argumentan una disminución de las operaciones porque el tope a las tasas los obligó a cerrar o modificar créditos de algunos deudores.
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De esta manera, los topes de tasa de interés generan exclusión financiera, señala el análisis.
“Los resultados hacia el primer año de la emisión de la ley muestran que, la mayor disminución de cantidad de operaciones se presenta en los bancos privados (-8%), seguido de cooperativas y mutuales; en el caso de las financieras fue lo contrario, pues incrementaron el número de operaciones en un año”, detalla el texto.
La diputada María Inés Solís recordó que esta Ley tuvo los efectos que tanto advirtieron sobre la exclusión de personas del sistema formal.
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