Josué Alvarado
La superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, considera que es necesario un proyecto de ley que ayude a las familias de Costa Rica que tienen un crédito hipotecario y que hoy se enfrentan a altas tasas de interés y menos recursos disponibles para pagar.
Aguilar pretende que lo que hoy es una idea se convierta en una iniciativa de ley para darle un respiro -muy específicamente- a las familias con créditos de vivienda que caen el impago, pese a que tuvieron un buen récord crediticio y las intenciones de honrar la deuda.
El plan consistiría en que el crédito hipotecario pueda convertirse en un contrato de arrendamiento. Una negociación entre el banco y el cliente derivaría en una menor cuota por pagar, por un plazo convenido.
La superintendente explicó que, hasta cierta medida, eso es posible hacerlo el día de hoy. Sin embargo, señala que es necesaria una ley que facilite el proceso para que sea más atractivo para las partes.
Por ejemplo, habría que establecer las reglas sobre el título de propiedad, para que no se convierta en un doble trámite cuando se haga el cambio de crédito hipotecario a contrato de alquiler.
“Lo mejor es siempre que se pague, pero ante una dificultad poder buscar una solución que nos parece puede ser interesante.
“Habría que revisar la capacidad de pago y eso es un trabajo que hace cada entidad bancaria, nosotros no nos podemos meter en eso”, señaló Aguilar en una entrevista con El Observador.
Iniciativa “viable”
La superintendente considera que este proyecto debería de tramitarse de forma “urgente” y cree que estas iniciativas son “bien viables”.
Explicó que la idea responde al aumento en las tasas de interés que siguen aplicando los bancos centrales. También a la menor disposición de dinero en los hogares debido al aumento de los precios (inflación).
La Tasa de Política Monetaria (TPM) ha crecido de 1,25% a 9% de enero a noviembre de este año.
A la TPM se le denomina “tasa directriz” porque se utiliza para dar dirección al resto de tasas de interés del mercado y ese aumento registrado durante este año se ha reflejado en las cuotas que los costarricenses deben pagar.
Estas variaciones en la TPM son una de las herramientas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para contener la inflación, que también ha registrado aumentos considerables en relación a otros años.
La inflación refleja un aumento en el precio de los productos, lo que se traduce en una menor capacidad de compra en los hogares y una menor disposición de recursos para atender otras responsabilidades, entre ellas el pago de las cuotas de la hipoteca.
Desde setiembre los precios siguieron creciendo, pero a una velocidad menor.
Para octubre la variación interanual de la inflación se valoró en 8,99%, por encima del rango establecido por el BCCR que es entre 2% y 4%.
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Evitar cobros judiciales
Históricamente, ante la incapacidad de pago de cuotas por créditos hipotecarios miles de familias inician cobros judiciales.
Datos del Poder Judicial indican que los procesos de cobro judicial, en general, aumentaron de 667.887 en el 2018 a 854.083 en el 2021.
Para Aguilar, una mejor opción sería llegar a este acuerdo que permita a ambas partes continuar con su objetivo y darle un alivio a las familias.
"Que el inquilino tenga la primera opción de compra de la casa. La adquiriría de vuelta y seguiría con un crédito como lo tenía antes", señaló.
Por otro lado, indicó que la idea original sería que este contrato de arrendamiento no esté sujeto al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que la idea justamente es quitar la mayor carga de pagos a la familia, para que pueda continuar con su plan durante un momento difícil de la economía mundial.
"A mi me parece que esas cosas pueden ser bien viables (...) Este yo creo que tiene impacto", añadió en una conversación con este medio.
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