Hermes Solano
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Óscar Cascante renunciará a la Comisión Investigadora de la penetración del narcotráfico en la Zona Sur.
Cascante pidió estar integrado en esta comisión; sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos tomó la decisión de hacerse a un lado.
El legislador lo hará oficial este jueves en el Plenario, según se informó desde el departamento de comunicación de la fracción socialcristiana.
Luego de la detención de una organización dedicada al tráfico de drogas, se dio a conocer que varios sospechosos o personas ligadas a la banda, visitaron a varios diputados de la Asamblea Legislativa.
Entre ellos estaba Cascante, quien fue el que más visitas recibió en su despacho.
El socialcristiano registra cinco visitas, la última el lunes anterior, un día antes de los allanamientos, según los registros del Congreso.
“Las visitas de las personas, hoy investigadas por la Fiscalía, fueron para conversar sobre proyectos de vivienda en los cantones de Corredores y Esparza”, aseguró Cascante, quien resultó electo por la provincia de Puntarenas.
“Las personas de dichas comunidades se han mostrado con un enorme interés en los proyectos respectivos, y por ello accedí a conocer la problemática para explorar la factibilidad del mismo”, agregó.
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(Paula Ruiz)
Consejo de Muñoz
El diputado Pedro Muñoz aseguró que desde este miércoles conversó con su compañero de fracción y lo instó a dejar su puesto en la comisión.
“Conversé con mi compañero de fracción Oscar Cascante para instarlo a que renuncie a la comisión que investigará el narcotráfico en la zona sur, al igual que lo hice con el Diputado del PLN, Gustavo Viales”, dijo Muñoz.
Además de Cascante, los sospechosos visitaron a los diputados Erwen Masís, los restauracionistas Eduardo Cruickshank y Mileyde Alvarado, además de las independientes Zoila Rosa Volio e Ivonne Acuña.
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Se trata de un hombre de apellidos Cartín Ramírez de 31 años y su padre de apellidos Cartín Herrera de 65 años, quien falleció el 6 de mayo, según el Registro Civil.
Las visitas sucedieron a partir del 2018 cuando la actual Asamblea Legislativa inició sus funciones.
El OIJ decomisó más de ¢1.500 millones en efectivo durante los operativos; además de varios vehículos, motos y propiedades, valoradas en $20 millones.
