Tomás Gómez
Debido al freno que puso la Contraloría al intento del Ministerio de Justicia de renovar el polémico contrato de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), por lo que la institución asegura que este servicio llegará hasta el 27 de febrero.
En esa fecha vence el ligamen actual y ante los atrasos para una licitación internacional, Justicia pretendía una prórroga de hasta 2 años con la ESPH.
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“La ESPH es respetuosa del proceso contractual establecido y mantendrá el servicio con las
condiciones y la calidad acostumbrada mientras el contrato esté vigente con el respaldo
de las instituciones pertinentes”, indicó el Departamento de Prensa del ente.
La Empresa aseguró que “comprende la postura de la Contraloría” y aseguró que el respaldo presupuestario era necesario para seguir operando el plan de tobilleras.
Sobre las críticas la servicio, la ESPH se indicó que en mayo del 2020 hubo un cambio para una mayor eficiencia del monitoreo. Además insistió en que su servicio diario cuesta $12,3, mientras que mantener una persona presa costaría $40.
Dudas marcan futuro de tobilleras
La decisión de la CGR de no extender el plan de tobilleras tomó a Justicia apenas arrancando la licitación internacional por un nuevo proveedor.
Aunque el trámite lo había arrancado la exministra Marcia González desde el 2019, la jerarca actual, Fiorella Salazar, insistió en revisarlo e incorporar “lecciones aprendidas”. La medida dilato el proceso, que estará arrancando a un mes de vencer el contrato actual.
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Sobre el futuro de los 1.800 beneficiarios de las tobilleras, Salazar ha dicho que es una decisión de los jueces de ejecución de la pena.
Mientras los trámites adminstrativos avanzan, también lo hace la investigación judicial por el contrato de tobilleras.
Esta es desarrollada por la Fiscalía mediante el expediente 18-000094-1218-PE y analiza a exmagistrados, exdiputados y hasta al gerente de la ESPH por el supuesto delito de tráfico de influencias en el proceso para la contratación de los dispositivos.
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