Tomás Gómez
La Contraloría General de la República (CGR) encontró problemas de precios, presupuesto y negociación en el contrato de tobilleras que el Ministerio de Justicia pretendía prorrogar por dos años con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Aunque el contrato vence el 27 de febrero próximo, Justicia arrancará hasta ahora la licitación internacional con la que pretende sustituirlo.
Ante ese escenario, el ministerio corrió ante la Contraloría para pedir una prórroga del vínculo que se tiene actualmente con la ESPH y que incluso está bajo investigación en la Fiscalía.
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La idea era lograr una extensión de 2 años a la espera de una solución integral pero la meta fracasó tras la revisión de la CGR que señaló como principales problemas:
- Justicia no tiene contenido prespuestario para la obligación en el 2021
- No se presentó la información para confirmar la vigencia del contrato
- El ministerio de no dejó claro los precios que pagaría en la prórroga
“Estos elementos fueron consultados por la Contraloría y pese a ello no fue proporcionada la información adicional adecuada. No se pudo corrobar tampoco en el expediente electrónico con el expediente electrónico que se mantiene en el SICOP para esta contratación”, detalló el vocero de CGR, Allan Ugalde.
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Estos señalamientos se suman a otros hechos por una auditoría de la misma institución semanas atrás donde se fustigó la gestión del plan de tobilleras.
Según se alertó entonces, habían fallas críticas con alertas, seguimientos y problemas de registro. A raíz de esto, la CGR demandó la presentación de un plan integral por parte de Justicia para atender el tema de tobilleras.
1.800 beneficiarios de tobilleras con futuro incierto
Tras conocer el veredicto de la Contraloría, Justicia emitió un comunicado donde aseguró que revisará el caso.
“Estamos analizando los criterios que ellos nos exponen en su oficio”, indicó la ministra, Fiorella Salazar.
Salazar agregó que la idea era incluir los fondos en un presupuesto extraordinario que enviarían al Congreso en los próximos días.
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Según la jerarca, hay preocupación por el destino de los 1.800 beneficiaros actuales de las tobilleras, cuyo destino, según explicó semanas atrás ante los diputados, deberá ser definido por los jueces de ejecución de la pena.
La notificación de la CGR llegó un día despúes de que su cartera anunciara que la comisión interna ya definió el borrador del cartel para la contratación internacional.
La Ministra Fiorella Salazar debió rendir cuentas sobre los problemas de las tobilleras hace dos semanas ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico (Cortesía)
Un contrato bajo la mira hasta de Fiscalía
El plan de las tobilleras se comenzó a gestar en el Gobierno de Luis Guillermo Solís, con la intensión de financiarlo mediante el BID en la gestión de la ministra Cristina Ramírez.
Al cambiar de ministra de Justicia en el 2015 y asumir Cecilia Sánchez se optó por hacer la contratación con presupuesto propio.
Se recurrió entonces a un concurso entre entes públicos, que aceleraba el proceso con menos trámites. Participaron RACSA y la ESPH, siendo ganadora la segunda.
El acuerdo generó dudas desde un inicio por temas como las subcontraciones que debería hacer la ESPH por su falta de experiencia.
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Dos denuncias llegadas a la Fiscalía en el 2018 aumentaron los cuetionamientos. Para dar seguimiento se abrió el expediente 18-000094-1218-PE para investigar las actuaciones de la ESPH en diversas contrataciones públicas.
Originalmente el caso fue contra ignorado pero en los últimos meses se imputó bajo el supuesto delito de tráfico de influencias a:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado. Hijo de la exministra Cecilia Sánchez.
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
