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(Ciudad de Panamá). El Tribunal Electoral de Panamá rechazó este lunes organizar una consulta popular el 17 de diciembre para decidir si se deroga un polémico contrato minero, propuesta por el presidente Laurentino Cortizo para desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace diez días.
“En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular”, anunció en rueda de prensa el presidente del Tribunal, Alfredo Juncá, al señalar que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.
Además, “la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 [del contrato minero] que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria”, añadió el magistrado.
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Cortizo propuso el domingo la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals, pero su mensaje no calmó a los líderes de las manifestaciones, quienes aseguraron que “el pueblo ya habló en las calles”.
Los manifestantes convocaron a una marcha en la tarde de este lunes rumbo al Congreso para exigir la derogación de inmediato de la ley que avala el contrato de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe.
Se “mantienen las acciones en todo el país en contra del contrato vendepatria minero”, dijo este lunes el líder del sindicato de trabajadores de la construcción (Suntracs), Saúl Méndez, uno de los convocantes a las manifestaciones.
“Propuesta absurda”
La directora ejecutiva de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian Guevara, dijo a la AFP que “es muy lógico que el Tribunal rechazara la consulta, porque era una propuesta absurda”.
“El Tribunal se encuentra en la antesala del proceso electoral [de los comicios generales de mayo de 2024], que es lo prioritario. Técnicamente y legalmente iba a ser bastante complicado organizar” la consulta, añadió.
Además de la consulta popular, Cortizo había ofrecido el pasado viernes la prohibición por decreto de nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con la empresa canadiense, lo que encendió aún más las protestas.
Los manifestantes exigen una moratoria de la actividad minera por ley, no por decreto del gobierno de turno.
“Hoy (lunes) se presenta la ley para prohibir la minería metálica” ante el Congreso, dijo el ministro del Ambiente, Milciades Concepción, para quien algunos líderes de las protestas actúan por interés político ante la proximidad de las elecciones.
El malestar popular estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley que permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto. Cortizo la promulgó en la noche de ese mismo día.
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“Violentó el proceso”
La ley aprobada por el Congreso selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema -por un recurso presentado por CIAM- declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.
Un recurso de inconstitucionalidad del nuevo contrato fue presentado por un grupo de abogados y CIAM presentará otro en los próximos días, dijo Guevara.
“Este contrato, al igual que el anterior, violentó el proceso de contrataciones públicas y lo que indica la Constitución. Tenía que haber ido a una licitación pública internacional […] para que el Estado panameño eligiera la mejor opción, la que tuviera menos impacto dañino para el país”, afirmó Guevara.
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El gobierno defiende el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
“Es una gran responsabilidad decidir acabar con una inversión de más de 9.000 millones de dólares que va a afectar a más de 40.000 (empleados) panameños, vamos a tener demandas multimillonarias” en los tribunales internacionales, advirtió Concepción.
La minera aporta el 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre.
