AFP
(Miami, EE.UU.) La jueza federal Aileen Cannon celebra en el estado de Florida una audiencia sobre la petición del expresidente estadounidense Donald Trump para que desestime la imputación contra él por un presunto mal manejo de documentos clasificados y un intento de obstrucción a la justicia.
Los abogados del exmandatario (2017-2021) afirman que éste tenía derecho a conservar documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca rumbo a su mansión floridana de Mar-a-Lago.
Según la defensa, como presidente, Trump podía designar documentos como personales incluso después de dejar el cargo.
La Fiscalía afirma, sin embargo, que el magnate “no tenía permiso para poseer documentos clasificados en absoluto” y que dichos expedientes eran “presidenciales, no personales”, por los que no podía conservarlos, de acuerdo con lo consignado en un documento judicial.
El exmandatario, de 77 años, se declaró no culpable en junio de los cargos de retención ilegal de información sobre defensa nacional, conspiración para obstruir la labor judicial y realizar falsos testimonios.
La acusación señala que Trump guardó los archivos clasificados -que incluían registros del Pentágono, la agencia federal CIA y la Agencia de Seguridad Nacional NSA- sin seguridad especial en su casa de Mar-a-Lago y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlos.
Trump afronta también cargos federales por conspirar en acciones para anular los resultados de los comicios de 2020, en los que perdió contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.
En las últimas semanas, su equipo legal ha presentado varios recursos para intentar aplazar la celebración de sus juicios hasta después de las elecciones de noviembre.
El comienzo del proceso por los documentos clasificados estaba previsto para el 20 de mayo, pero la jueza Cannon ya dejó claro que lo aplazará, debido a la gran cantidad de mociones por estudiar.
La Fiscalía propuso el 8 de julio, una fecha considerada “poco realista” por la magistrada.
El futuro legal de Trump pende de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que estudiará el 25 de abril si el magnate inmobiliario tenía inmunidad penal como expresidente.
