Paula Ruiz
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) conformó una comisión técnica a finales del 2022 que analiza la posibilidad de plantear reformas al Código Electoral.
El interés estaría fijado en presentar propuestas que permitan la actualización de dicha legislación para acoplarse a la realidad actual que incluya regulación sobre trolles y redes sociales.
La Comisión está integrada por funcionarios del ente electoral y en estos momentos, están afinando el plan que también implicaría reformas generales al Código.
“Se están dando sus últimas revisiones y el Tribunal tendrá que tomar la decisión una vez que tenga la propuesta concluida de si la va a presentar y en qué momento la va a presentar a la Asamblea Legislativa”, declaró Gustavo Román, asesor político del TSE.
Cabe recordar que la legislación en materia electoral se actualizó en 2009, época en que las redes sociales comenzaban a tener la atención de los usuarios.
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“Muy pocas personas tenían redes sociales en 2009 y en todo el mundo no habíamos tomado conciencia de las implicaciones que esto podía tener para la democracia por eso le digo que podría ser necesario que nos planteamos la necesidad de reformas a la legislación electoral para ponerla a tono con las necesidades de los tiempos”, consideró el vocero del Tribunal.
Acercamientos
Desde hace más de dos años, el TSE busca acercamientos con diferentes compañías que lideran las redes sociales como Facebook, Google, Twitter.
Eso les ha ayudado en la implementación de herramientas durante tiempos electorales así como colaboraciones para entender su uso.
Adicionalmente, uno de los intereses del Tribunal tiene que ver con el cruce de información en redes sociales.
“Buscamos tener un trazado de dinero, quién lo aportó, quién dio el dinero y en qué lo gastó. Queremos evitar que nos liquiden gastos, nos presenten gastos para reconocerlos con contribución (deuda política) que en realidad no hicieron”, puntualizó Román.
“La finalidad del acercamiento con Meta (casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) en relación con financiamiento es tener un insumo más y que así como un periódico, radio o canal les podemos pedir información para contrastarla, podamos hacer eso con las empresas de redes sociales”, explicó.
Por ejemplo, cuando un partido político pauta en un medio de comunicación, estos cobran una tarifa que posteriormente es reportado como un gasto para ser reconocido en la deuda política.
Actualmente, el Tribunal puede solicitarle información a los medios sobre el pago realizado y con ello, cruzar datos que le permiten verificar que el monto reportado por la organización política coincide con lo cobrado por el medio de comunicación.
“Las empresas en redes deberían estar reguladas de la misma manera, es hora de que nos planteemos si es necesario avanzar”, reiteró el asesor político del ente electoral.
Pese a ello, no han podido obtener los datos requeridos dado que Meta recurre a legislación internacional en materia de privacidad.
Actualmente, el tema de los trolles está en la opinión pública luego de la denuncia realizada por Alberto Vargas en diciembre pasado.
Él está detrás del trol Piero Calandrelli y aseguró que recibió pagos por parte de Joselyn Chacón, ministra de Salud para desprestigiar periodistas, medios de comunicación, diputados y a Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Asimismo, indicó que trabajó en campaña electoral con el Partido Progreso Social Democrático desde la primera ronda electoral aunque no hubo pago ni contrato.
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