Paula Ruiz
Las políticas de Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp impidieron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) avanzar en las pesquisas que seguían por una red de troles que desactivó en campaña política.
En abril de 2022, el TSE solicitó a Meta información sobre la supuesta actividad irregular en el periodo electoral.
De acuerdo con Gustavo Román, asesor político del ente electoral, la empresa no accedió a brindar información por la justificación de que respondían a leyes internacionales de privacidad.
“Que no nos podían dar información que estábamos necesitando, en algunos casos dicen no tenerla y en otras por estar protegida por leyes internacionales de privacidad, más allá, el resultado final no nos permite a nosotros atribuir responsabilidades como sí podemos hacerlo con medios tradicionales por el régimen de transparencia”, explicó el vocero.
El interés del Tribunal se fijó en obtener datos sobre la publicidad pagada por la compañía que lideraba los denominados trolles.
“Ellos dieron una cifra de cientos de miles de dólares que se habían invertido en la acción y dijeron que vetaron la empresa de Facebook pero, nosotros lo que necesitábamos saber era los montos que se habían pagado y además, qué publicidad se había pagado con Noelix para qué partido o cuales trabajaron y qué propaganda o publicidad difundieron o si fueron servicios de troles, porque también fue un gasto pero, nuevamente la respuesta de meta no nos permite avanzar por esa vía”, puntualizó.
El órgano electoral buscaba obtener información que le permitiera determinar si se trata de un gasto no reportado, una contribución en especie de un particular no reportada por algún partido político o bien, estar frente a una estructura paralela de financiamiento. En los tres casos, se trataría de una falta electoral.
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Cabe destacar que si alguna organización partidaria incluyó dentro de sus gastos el pago de trolles, el Tribunal deberá de hacer el desembolso mediante la deuda política dado que esta no es una práctica ilícita con base en la legislación actual.
“En este caso de Noelix no nos está resultando posible identificar a las personas que están detrás de esto”, reforzó.
Pese a esta realidad, Román destacó que esto no les impide realizar indagaciones o investigaciones en el TSE.
Al cierre de esta nota, no fue posible obtener el dato de cuántas investigaciones tiene abiertas que le permitan esclarecer si hubo pago de trolles en campaña política sin haber sido reportado en estados financieros.
Eso sí, el vocero fue claro en que “el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no ha cerrado sus investigaciones respecto de este tema”.
Las cuentas desactivadas
A inicios de Abril, Meta informó que desactivó 233 cuentas en Facebook, 84 páginas, dos grupos y 27 cuentas en Instagram por haber tenido una actividad irregular durante la campaña electoral en Costa Rica en 2022.
Los perfiles operaban desde Costa Rica y El Salvador con una notoria tendencia a la desinformación y ataque político.
El documento emitido en ese entonces, señaló que las cuentas utilizaban imágenes de perfil creadas con técnicas de inteligencia artificial.
“Las personas detrás de esta actividad usaron cuentas falsas, algunas de las cuales ya fueron detectadas y deshabilitadas por nuestros sistemas automatizados, para ejecutar páginas que se hacían pasar por medios de noticias, publicar memes, comentar sobre su propio contenido y el de otras personas, y llevar a las personas a dominios fuera de la plataforma”, publicó Meta.
Meta calcula que unas 212.000 cuentas siguieron una o más de las páginas bajo investigación. Además aproximadamente 10 cuentas se unieron a uno o más de los grupos y 2.000 cuentas siguieron uno o más de los perfiles de Instagram.
La operación habría requerido de unos $128.000 en gastos de publicidad en Facebook e Instagram pagados principalmente en dólares estadounidenses y colones, según los cálculos oficiales.
“Nuestra investigación encontró vínculos con Noelix Media, una firma de relaciones públicas con oficinas en Costa Rica y El Salvador. Noelix ahora tiene prohibido nuestra plataforma”, destacó el informe emitido por la compañía.
Desde diciembre
El tema de trolles se convirtió en discusión en la opinión pública después de que Alberto Vargas quien está detrás del personaje Piero Calandrelli, denunció públicamente a la ministra de Salud, Joselyn Chacón.
De acuerdo con Vargas, Chacón le dio dinero a cambio de desprestigiar periodistas, medios de comunicación, diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional, así como al expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos.
En ese momento, la Ministra aceptó haber realizado los pagos sin embargo, argumentó que fueron para el desarrollo de una campaña de vacunación.
Esto conllevó a dimes y diretes que todavía continúan entre Vargas y el Gobierno.
Por una parte, Vargas defendiendo que tiene audios y capturas de pantalla que demuestran el pago y las órdenes para desacreditar periodistas.
En tanto, Chacón contraatacó con que realmente giró los recursos por caridad dado que el trol se le acercó para solicitarle dinero porque no tenía nada para comer y mantener a sus hijos.
El lunes pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves respaldó a la ministra y la mantuvo en el cargo. Además, lanzó críticas contra el trol.
En tanto, Vargas estuvo el miércoles en una comisión legislativa donde afirmó que participó en la campaña de Chaves desde primera ronda electoral para inflar la imagen de Chaves y apoyar su candidatura presidencial.
Asimismo, aseguró que se mantuvo en labores durante la segunda ronda y participó cuando ya el candidato asumió la presidencia de la República mediante órdenes de Chacón.
Pese a esto, el mandatario y Chacón, quien fungió como jefa de campaña de Partido Progreso Social Democrático para la segunda ronda, afirmaron que no pagaron trolles.
Producto de estas denuncias, la Fiscalía abrió de oficio una investigación contra la ministra Chacón para determinar el origen de los fondos pagados al troll.
“Para determinar si se trata o no de fondos públicos, en virtud de que algunas de las informaciones publicadas sugerían esa posibilidad”, indicó el Ministerio Público.
Cabe recordar que el 31 de octubre pasado, cuando Stephan Brunner, vicepresidente de la República se presentó en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de partidos políticos, el pago de trolles ya había comenzado a mencionarse.
Incluso, el diputado Fabricio Alvarado le consultó a Brunner, directamente por pagos a Calandrelli.
“Debido a que toda la parte de gastos está judicializada, hago uso del derecho de abstenerme a declarar”, manifestó el Vicepresidente.
Según Alvarado, el 25 de setiembre anterior, este troll admitió que recibe pagos por las publicaciones que realiza en favor del Gobierno.
Alberto Vargas quien opera el troll Piero Calandrelli, inició las denuncias de pago por parte de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.
