Tomás Gómez
El Tribunal Supremo de Elecciones solicitó al Banco Nacional de Costa Rica abrir las cuentas asociadas al fideicomiso “Costa Rica Próspera” que se usó para impulsar en un primer momento la candidatura presidencial de Rodrigo Chaves
Así lo confirmó el director del Registro Electoral, Héctor Fernández, en conferencia de prensa este viernes quien en primera instancia habló de secreto bancario. Posteriormente, Andrei Cambronero, letrado del TSE, indicó que no hay tal secreto por tratarse de una cuenta asociada a una candidatura presidencial.
Fernández explicó además que el TSE puede actuar de oficio y no se requiere de intervención del Poder Judicial.
Detalló además que se trata de una resolución reciente por lo cual aún está en notificaciones.
La secretaria general del Partido Progreso Social Democrático (PSD), Adriana Brenes Castillo denunció ante el órgano electoral supuestos hechos irregulares en el financiamiento de la campaña de esta agrupación.
Según consta en el documento, fechado el 28 de febrero de este año, entre febrero y marzo del 2021 se constituyó el fideicomiso Costa Rica Próspera. Éste habría servido para cubrir varios gastos de campaña y tendría entre sus componentes a personas jurídicas.
“Hay gastos por alquiler, seguridad, agua y luz de la casa de campaña. También viáticos y alquiler de vehículos para giras de campaña, para la promoción de la candidatura de RCH (sic) desde marzo del 2.021”, dice la denuncia.
A ello agregó que llegaron donaciones en efectivo y especie.
Incluso, Brenes menciona una supuesta estructura paralela en el financiamiento de la campaña.
“Existen contratos suscritos por Tesorero Nacional, sin refrendo de un miembro del CEN con representación legal del PPSD y el Director de Campaña asumió las potestades y decisiones que le corresponden al Comité Ejecutivo Nacional, sin acuerdo en relación (ESTRUCTURA PARALELA)”, se lee.
Cuando trascendió la denuncia de la Secretaria General del partido, el comando del campaña emitió un comunicado donde alegaron que el fideicomiso financió un grupo previo a las actividades electorales.
“El Fideicomiso fue disuelto el 18 de setiembre, antes de que Rodrigo Chaves fuese electo Candidato Presidencial, y los fondos remanentes fueron usados para liquidar las operaciones y contratos que se tenían, y en octubre 2022 los restantes fueron devueltos a los donantes proporcionalmente”, señalaron. Luego indicaron que la fecha correcta fue octubre del 2021.
Agregaron que el dinero entraba vía transferencia bancaria. “Los DONANTES debían presentar copia de su cedula, llenar el Formulario Conozca a su Cliente y además a partir de un monto presentar documentación fehaciente que respaldara el origen licito de los fondos”, agregaron.
Sobre el grupo agregaron que tuvo como donantes iniciales a Jack Loeb, Bernal Jiménez, José Coto, Arnoldo André, Damaris Robles, Adrián Torrealba, Luis Diego Soto, Sergio Naranjo, José Antonio Yock, quienes habrían aportado unos $165,000, entre
febrero y agosto del 2021.
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Finanzas en la mira
Desde diciembre del 2021 el TSE abrió una investigación de oficio sobre el fideicomiso que se asocia a la campaña de Rodrigo Chaves.
En caso de encontrar faltas en la ley, puede imponer multas a la agrupación y en caso de considerar que existe delito, remitir la información al Ministerio Público.
En otras ocasiones, principalmente en el tema de financiamiento en campaña han “remitido relaciones de hechos que son la base de la investigación”.
Ejemplos de ello son el partido Acción Ciudadana o el Movimiento Libertario, condenados no solamente a penas de cárcel sus tesoreros, sino también a pagar sumas millonarias por ser declarados culpables de estafar al Estado.
Asimismo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó información al TSE referente al caso.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción señaló que solicitó un informe al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, con la finalidad de obtener información relacionada con este tema”, indicó el Ministerio Público.
Según el artículo 275 del Código Electoral, que habla de “Delitos relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales”, las penas por ese delito van desde los dos meses de cárcel y hasta los seis años.
“Se impondrá pena de prisión de dos meses a un año al tesorero del comité ejecutivo superior del partido que omita llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.
Mientras tanto, la pena será de dos a seis años de cárcel para quienes evadan los controles del TSE a través de una estructura paralela, que es lo que se investiga.
“Los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”, dice el artículo.
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Información actualizada a las 11:26 p.m. con explicación de por qué no se considera secreto bancario.
