Tomás Gómez
La obtención de datos sensibles de los niños y sus familias mediante las Pruebas FARO sigue levantando polémicas.
El viernes anterior la Sala Constitucional condenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) por dicho ejercicio. Además, en la Asamblea Legislativa siguen las investigaciones sin que ninguna autoridad asuma responsabilidades.
Ese contexto generó molestia en el sector empresarial reunido en la Unión de Cámaras (Uccaep). Mediante un comunicado publicado este lunes, el grupo exigió que todos los niveles involucrados asuman las consecuencias.
“El sector empresarial considera que se deben establecer las responsabilidades pertinentes, pues tanto el MEP como el Consejo Superior de Educación y el mismo Presidente de la República, le deben una respuesta al país sobre este tema y sobre el deterioro que
ha experimentado en los últimos años el sistema educativo costarricense”, afirmó Uccaep.
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“La solicitud de datos sensibles a los niños en las pruebas FARO, la manipulación y la tergiversación de los contenidos que se enseñan a los estudiantes en los textos relacionados con la apertura comercial de Costa Rica y utilización de lenguaje con contenido sexual explícito, son motivo de preocupación, pero además debe castigarse en todos sus extremos
a los responsables, así dar una señal contundente para causar, bajo parámetros de máxima calidad, el sistema educativo”, agregaron, en alusión a otras polémicas que enfrenta el Ministerio.
Uccaep insistió en que la educación nacional viene rezagada y que se ampliado la brecha entre los sistemas público y privado; lo que aumenta las desigualdades socioeconómicas.
Todo esto, advierten, “pone en riesgo la competitividad del país, atracción de inversiones, el emprendedurismo, la creación de empleo y el bienestar económico en general la población”.
Educación entre escándalos
El MEP había enfrentado varios escándalos y polémicas en la actual administración, en las últimas semanas se han destapado una seguidilla de escándalos.
El primero de ellos fue con las pruebas FARO, donde se introdujo un cuestionario de “factores asociados”. En él se indagó por datos personales de los niños y sus familias.
La exministra Guiselle Cruz y la viceministra Melania Brenes debieron renunciar pero las interrogantes de la autorización y aplicación del examen siguen abiertas. Incluso la Fiscalía abrió un expediente por el supuesto delito de violación de datos.
Luego, El Observador dio a conocer videos oficiales del MEP usados estudiantes de secundaria donde se mostraban diversas impresiones históricas y socioeconómicas con que se atacaba la modernización económica del país.
Finalmente se presentó el caso de la Revista Conexiones, donde se publicó información de alto contenido sexual. El Ministerio corrió a ocultar las publicaciones pero el OIJ y la Fiscalía investigan en supuesto delito de difusión de pornografía.
