Paulo Villalobos
El nuevo conflicto por recursos y la aplicación de la reforma fiscal en las universidades públicas sigue escalando. El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, solicitó al Ministerio de Hacienda que contemple el presupuesto global de las casas de educación, para el compromiso de invertir ¢70.000 millones en infraestructura.
Jensen pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo que se observen los presupuestos y los recursos que no usaron (superávits). Su objetivo es que Hacienda no ponga su mirada en el Fondo Especial de la Educación Superior Pública (FEES).
El rector señaló que se podrían utilizar los superávit de las universidades y – según él – garantizar la operación de las universidades estatales. Por eso se inclina por una variación en el proyecto del Presupuesto Nacional de 2020, que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Solo en la Universidad de Costa Rica, el sobrante de ingresos sobre los gastos ronda los ¢75.000 millones.
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¿Por la OCDE?
Jensen explicó a El Observador que así es como inicialmente se pactó en la Comisión de Enlace del Fondo Especial.
En dicho foro participan los jerarcas de las universidades, y representantes de las carteras de Hacienda, Planificación y Educación. Sin embargo el rector admitió que el día en el que se alcanzó ese acuerdo estuvo ausente la ministra Rocío Aguilar.
“Nos tomó por sorpresa ver que en el FEES, que siempre ha sido transferido de forma corriente, de manera unitaria; en el Presupuesto Nacional de 2020 se dividió en tres diferentes categorías”, señaló Jensen.
Por lo anterior, el rector cree que la medida impulsada por Hacienda obedece al cumplimiento de una indicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el afán del país por adherirse a ella.
La determinación y el destino de los recursos reduce la partida de las casas de enseñanza para hacer gastos corrientes. Estos son aquellos destinados al pago de salarios, becas, proyectos de acción social e investigación, por ejemplo.
Jensen agregó que los presupuestos de las universidades públicas prevén ¢90.000 millones de inversión en infraestructura, que incluye una nueva intersede en Alajuela.
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Gobierno al tanto
Las preocupaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), también presidido por Henning Jensen, son de conocimiento de Casa Presidencial.
El académico aseguró que trasladó dos veces las inquietudes al presidente Carlos Alvarado y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
Ambos recibieron con seriedad los planteamientos. “Que comprenden la gravedad de la situación y que están dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible”, manifestó.
Los rectores ahora esperan entablar comunicación con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Actualmente, la jerarca se encuentra fuera del país, en reuniones anuales con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El viceministro Rodolfo Cordero, recalcó que la transferencia de capital es de un 13,6% del Fondo Especial, una cifra “relativamente baja”, si considera la relación con los ¢512.781,51 millones.
El jerarca interino enfatizó en que no se vulneró la autonomía universitaria en el tanto en que existe un acuerdo que data del 18 de julio de 2019 (el de la Comisión de Enlace).
Hacienda también resaltó que sumado al FEES, las universidades cuentan con varias fuentes de financiamiento. Los recursos que fueron clasificados como transferencia de capital dentro del Presupuesto Nacional, liberan otros que podrán utilizarse para cubrir becas, salarios e investigaciones.
La firma del pacto causó molestia en las federaciones estudiantiles de las casas de enseñanza públicas; al punto que, le pidieron a los rectores hacerse responsables al respecto y permitirles participar en eventuales espacios de negociación con el Gobierno de la República.
Este martes por la tarde, alumnos y sus jerarcas se reunieron en la sesión del Consejo de Rectores. Además este miércoles, un grupo de estudiantes tomó la sede del Pacífico de la UCR.
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Paulo Villalobos
