Paulo Villalobos
Este lunes, la Universidad de Costa Rica (UCR) protestó contra el proyecto de ley del Presupuesto 2020, enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
Concretamente el centro educativo criticó un movimiento del Ministerio de Hacienda, que pasó ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), a una transferencia de capital.
El cambio – incluido en el plan de gastos del otro año del Poder Ejecutivo – obliga a las universidades públicas a invertir esos dineros en infraestructura o equipamiento únicamente.
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Con esa maniobra, las casas de enseñanza del Estado quedan inhabilitadas de emplear los fondos en gastos corrientes; como remuneraciones de los trabajadores, becas, proyectos de investigación, entre otros.
Para esos fines, las universidades ya contarán con ¢442.782 millones.
La cartera justificó la medida al señalar que se tomó para cumplir con la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La última disposición es un tope al crecimiento del gasto corriente en el Presupuesto Nacional, acorde a la realidad del país.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, este lunes en un comunicado.
En el caso de la UCR, la transferencia de capital equivale a ¢39.900 millones, según un comunicado. No obstante, la nota de prensa no detalló con cuánto dinero dispondrá la casa de enseñanza para gasto corriente.
La propuesta del Presupuesto Nacional 2020 actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa. Los diputados tienen hasta el 29 de noviembre para cumplir con su aprobación.
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Rector alega “emergencia”
“La decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, añadió el rector Jensen.
Según la UCR se procuró una espacio de conversaciones con Hacienda. Pero no se logró una solución.
Ante ello, el Rector hizo un llamado a la comunidad estudiantil a “defender” la educación superior pública.
Al firmar el convenio del FEES 2020, los rectores de las universidad se comprometieron a invertir capital por ¢90.000 millones, pero a partir de la totalidad de sus recursos.
En julio anterior, el Gobierno acordó dar un total de ¢512.781 millones al FEES. A la Universidad Técnica Nacional (UTN) se le avaló un presupuesto de ¢34.868 millones.
La UCR y demás universidades estatales insisten en que la reforma fiscal, plasmada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no les aplique como al resto de entidades del Estado y ciudadanos del país.
En mayo ya habían presentado una demanda contra el Estado, en el Juzgado Contencioso Administrativo. También acudieron a la Sala Constitucional.
Hacienda ha reiterado que las universidades públicas deben acatar la Ley. El propio presidente Carlos Alvarado pidió a los entes que sean más eficientes en sus resultados.
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Paulo Villalobos
