Tomás Gómez
A casi dos años del inédito allanamiento a Casa Presidencial por el escándalo de la UPAD, las autoridades comenzarán la revisión de las pruebas que se decomisaron ese día.
El proceso arrancará este jueves y está programado que se extienda hasta febrero del 2022. Estará a cargo del Juzgado Penal de San José.
En él se irán revisando las llaves “mayas”, computadoras y teléfonos para elegir la información que resulte útil.
Abogados de Alvarado preocupados
La UPAD es una de las causas penales abiertas que tiene el presidente Carlos Alvarado. Y sus abogados están preocupados por el manejo que tenga la información recabada.
“Es un hecho que la información de los procesos penales se filtra con regularidad, y es una verdad incuestionable que en este caso particular se ha venido filtrando información del expediente.
“Esto supone un peligro gravísimo e inminente de que se haga de conocimiento público información sensible que maneja el señor Presidente de la República, que no tiene nada que ver con los hechos investigados.
“Y que no tiene por qué estar en manos de la policía, de la Fiscalía, o de cualquier otra persona”, afirmó el equipo legal.
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La defensa presidencial, a cargo de los juristas Rodolfo Brenes y Roger Vargas, manifestó que errores en el proceso tendrían consecuencias graves.
“Como en todos los casos, pero en este en específico, lo que pedimos es que se respete el derecho a la privacidad, a la intimidad del señor Presidente.
“Y se resguarde la información que no esta relacionada con el caso y sobre todo aquella información que es sensible, que maneja cualquier Presidente”, agregaron.
La UPAD provocó el primer allanamiento de la historia a Casa Presidencial. Meses después se repitió la intervención judicial, pero ahora por el Caso Cochinilla donde se buscaban pruebas en la oficina del exasesor presidencia Camilo Saldarriaga (Tomás Gómez/El Observador)
La Unidad que pasó de investigadora a investigada
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
El presidente Carlos Alvarado tuvo que comparecer ante la Comisión Legislativa del caso UPAD en febrero anterior (Asamblea Legislativa)
