En una bolsa de supermercado llegaron a la Asamblea Legislativa cientos de bonos de deuda política con que el Partido Nueva República buscó respaldar un préstamo que le hizo Álvaro Zamora, dueño de Pedregal.
El empresario fue convocado a la comisión de partidos políticos que, desde la semana pasada, está analizando este tema en el contexto de la investigación por la campaña electoral de 2022.
En ella, el empresario describió que el asesor Iván Barrantes le propuso el préstamo y que lo hizo en términos comerciales contra un pagaré, por lo que rechazaba la entrega de los bonos.
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Particularmente, la molestia estuvo en que eran bonos “clase B”, que no tienen prioridad en el pago.
“Vale más un rollo de papel higiénico de baja calidad que esto”, afirmó Zamora.
Su abogado, Gavridge Pérez, señaló además que los resultados obtenidos por el partido en las pasadas elecciones no sostendrían el pago.
“Esos bonos cómo tales no sirven, menos con lo que se alcanzó de votaciones”, detalló.
En el 2022, Nueva República obtuvo siete diputados y su candidato presidencial, Fabricio Alvarado (actual jefe de fracción en la Asamblea) quedó fuera de la segunda ronda.
Según la información oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, a esta agrupación se le aprobó un pago de ¢2.870.154.304,48
Los ¢300 millones, un embargo y los reclamos
El diferendo entre Nueva República y Pedregal surgió en la última campaña presidencial.
A finales del 2021 Zamora hizo un préstamo a la agrupación política. Este rondó los ¢300 millones pero ante la falta de pago se judicializó el reclamo, ejecutando medidas cautelares como un embargo preventivo sobre fondos del partido.
La semana pasada la Comisión Legislativa recibió a los exdirigentes de la agrupación evangélica Francisco Prendas y César Zúñiga.
Ahí se expuso que el préstamo estuvo inicialmente sustentado en un pagaré pero luego se pasó a los bonos.
Los diputados reclamaron que no se anulara el pagaré original o se tuviera pasividad. Como justificación, los dirigentes sostuvieron que había confianza entre las partes, que los certificados no se habían hecho y que todo transcurrió en el fin de año.
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