Tomás Gómez
Luego de varios atrasos, la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Agrario estaba programada para este 28 de febrero, pero un acuerdo de última hora por la falta de recursos volvió a postergar la aplicación de la normativa.
En un proceso express, los diputados y Gobierno lograron completar los trámites y será hasta 2025 que el país pueda dar el salto a la modernización de este tipo de procesos legales.
OBSERVE MÁS: Falta de dinero atrasaría, por tercera vez, implementacion de Código Procesal Agrario aprobado en 2018
El Código se aprobó en 2018 y se considera una de las más avanzadas de la materia en América Latina.
No obstante, está corriendo la misma suerte que otras reformas legales, como la de Crimen Organizado, que a falta de recursos resulta imposible de aplicar y que por tanto se termina prorrogando.
En este caso específico, el Poder Judicial calculó en ¢716 millones el faltante de recursos.
Tercera prórroga para el Código
La proyección original era que el Código Procesal Agrario entrara en vigor un año después de aprobado.
No obstante, en 2020 se hizo una primera ampliación para que el plazo fuera hasta el 2021.
Dicho margen no alcanzó y en 2021 se dio una nueva reforma. Según esta, la fecha límite sería este martes.
La cercanía del plazo encendió alarmas en las últimas semanas y fue así como se tramitó un nuevo tiempo de espera.
“La razón primordial del Poder Judicial de solicitar la vacancia por espacio de dos años más es porque es una legislación aprobada sin contenido presupuestario”, señaló el Poder Judicial.
OBSERVE MÁS: Así ocurrió el “error” legal que desapareció normas claves contra el crimen organizado; tambalean importantes casos
La fracción de la Unidad Social Cristiana y la diputada liberacionista Paulina Ramírez acogieron la solicitud. De ahí se presentó un proyecto de ley tramitado por la vía rápida
El texto se presentó el 8 de febrero y dos semanas se le dio la tramitación completa. Para el día 20 se le dio votación definitiva y pasó al Poder Ejecutivo para completar el trámite.
Tanto el presidente Rodrigo Chaves como el Ministro de Agricultura, Victor Carvajal, lo firmaron el día 23. El último paso pendiente era la publicación en La Gaceta, lo cual ya también se ejecutó.
Así, el Código tendrá un apartado actualizado que dice:
Rige a partir del 28 de febrero del año 2025
LEY 10.334
¿Por qué es tan importante la reforma?
Bajo el Derecho Agrario se cobijan las más diversas actividades productivas. Siembras, terrenos, producción animal y agroindustria son parte de los asuntos que pueden derivarse en estos tribunales.
Pero además de ese impacto directo, el nuevo Código contiene innovaciones clave.
El juez Carlos Picado, Coordinador de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, recalcó días atrás dos de ellos. El primero es que se absorberán muchos asuntos que son de cobro judicial cuando son fincas agrícolas, y el segundo que se podrían resolver temas cuando está de por medio el sector público; ambos ejes, por tanto, desahogarían también otras jurisdicciones.
Aparejado a ello, también se cambiará la manera de juzgar los casos. Hasta ahora, se recurre mucho a los escritos, pero el nuevo Código establece que las audiencias se harán en las propias fincas y bajo oralidad. Esto implica que en una sola visita se puedan abarcar la mayoría de temas y llegar a resoluciones mucho más rápidas.
No obstante, Picado advierte que ese sistema requiere también de recursos para ejecutar toda la logística.
OBSERVE MÁS: Norma clave contra crimen organizado habría quedado eliminada al sobreponer leyes
Además, señala que el plan es ambicioso y requerirá de muchos más jueces. Actualmente, resaltó, hay apenas 31 jueces para todo el país; de ellos 31 atienden juzgados y los otros 6 resuelven las apelaciones.
“Mientras un juez de familia puede hacer hasta 2 o 3 audiencias por día, que se hacen en el juzgado, los jueces agrarios tienen que desplazarse a lugares que son muy remotos en la montaña”, explica.
A ello suma la necesidad de contar con más defensores públicos para el tema Agrario.
En cálculos generales, el experto aduce que los procesos podrían llegar a triplicarse con la nueva normativa.
Ante todo ese panorama, el experto justifica que de no contar con todos los recursos, el impacto más bien podrían terminar por ser negativo.
“El Titanic no se puede poner a navegar con remos. Necesitamos más jueces y el problema es que no hay plata”, puntualizó.
“Si el Código entrara a regir este 28 de febrero sin el presupuesto, lo que es una muy buena intención en el código no tendría el éxito esperado y más bien podría atrasar aún más los procesos”, cerró.
El experto pide usar los 2 años de espera que se le darían al Código Procesal Agrario para actualizarlo de una vez y ajustar temas como las apelaciones, de manera que llegue a colapsarse la Sala I (Alonso Solano/El Observador)
