Paula Ruiz
Inició su recorrido silencioso en la corriente legislativa en agosto de 2018 y tomó fuerza tras las muertes informadas por el Ministerio de Salud debido a la adulteración de bebidas alcohólicas con metanol.
La iniciativa 20.961 “Ley Contra la Adulteración y Contrabando de Bebidas Alcohólicas” comenzó a ganar opositores, con el pasar de las audiencias en la Comisión de Asuntos Económicos donde se analiza en profundidad.
Daniel Ulate, diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN) es su principal defensor, quien se vio inspirado en la muerte de un familiar producto de una intoxicación, para luchar porque la propuesta se convierta en Ley de la República.
Ulate vio en esta iniciativa una posibilidad para el ingreso de dinero a las arcas del Estado, pero a la vez, una forma de prevenir la muerte de personas por intoxicación.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI). Según Nixon Ureña, miembro de la junta directiva, pese a la anuencia municipal por este tema, es fundamental tener una legislación.
“Aprobamos combatir y luchar con las irregularidades que encontramos en nuestros cantones y una de ellas es la adulteración y el contrabando. Eso se ha venido convirtiendo en un problema social en las comunidades y a partir de ahí, nos acercamos a la Asamblea Legislativa para proponer ciertas propuestas para erradicar y de ahí, sale el proyecto”, manifestó Ureña.
¿Qué dice la propuesta?
- El proyecto de ley buscar prohibir la adulteración y la imitación de licor de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando.
- La autoridad competente para determinar la adulteración, imitación, fabricación clandestina y contrabando queda en manos de la Policía de Control Fiscal.
- Establece que el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Economía, deberán tener mecanismo de identificación y registro de licores nacionales y extranjeros, con etiquetado de seguridad.
- Con ese etiquetado, se pretende una trazabilidad fiscal.
- Busca que los consumidores puedan identificar bebidas adulteradas o de contrabando.
- Faculta a la Policía Municipal o a inspectores municipales a decomisar producto en establecimientos comerciales.
- El incumplimiento de la Ley que se busca, provocaría desde el cierre provisional hasta el definitivo y la cancelación de patentes.
Caro y no ataca el problema
Para el sector empresarial, la propuesta debe ser rechazada de plano, pues afecta los costos de producción, sin atacar la raíz del problema.
De acuerdo con Francisco Gamboa, el imponer nuevos costos para la inversión, no soluciona el problema del contrabando.
“Lo que hace es que va a provocar un aumento en sus precios y por supuesto, siempre incentiva el contrabando. El proyecto debe ser rechazado y debemos entender que el contrabando nunca se enfrenta incrementando costos y precios”, destacó.
Para el Ministerio de Hacienda, el costo de la implementación de un sistema de trazabilidad también sería sumamente costoso.
De acuerdo con Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, esto tendría un costo de ¢747 mil millones y, de lograr acabar totalmente con el contrabando, solo ingresarían ¢20 mil millones. No obstante, fue enfático en que, la implementación de un sistema no erradicará la comercialización de estos productos.
Acosta recibió fuertes críticas de legisladores como José María Villalta y el propio Ulate, por oponerse a la iniciativa.
Incluso, Villalta lo catalogó como “lobbista” de empresas interesadas en frenar el proyecto.
Pese a ello, para Acosta lo mejor es fortalecer el Departamento del MEIC que se encarga de verificar etiquetas, en vez de darle a Hacienda una labor en la que no tiene experiencia.
Ese criterio también lo tiene Victoria Hernández, Ministra de Economía, quien defiende la importancia de las inspecciones de mercado de forma aleatoria.
Tras las opiniones expresadas, los diputados deberán de tomar una decisión sobre si aprobar o no el proyecto de ley.
