Tomás Gómez
A pocas horas de que venza el plazo para la declaración de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), 3.000 de los obligados siguen sin completar el procedimiento.
El ente contralor señaló este viernes que otros 17.ooo personas sí cumplieron con el requisito, sobre todo en la última semana, cuando se multiplicó el envío virtual de los formularios.
La Ley Contra la Corrupción y en el Enriquecimiento Ilícito exige que las personas obligadas deben declarar la totalidad de su patrimonio al ingresar y salir del cargo, así como actualizar la lista año con año.
Una vez entregada, la información será verificada y permanecerá en resguardo de la Contraloría.
Aquellos funcionarios que incumplan serán sancionados con medidas que abarcan:
- amonestación escrita publicada en La Gaceta
- Suspensión sin goce de salario
- Separación del cargo sin responsabilidad patronal
- Cancelación de credereciales en el caso de los regidores
Larga lista de obligados
El listado de personas que deben cumplir el requisito es amplio y lo encabezan las autoridades de los Supremos Poderes: los diputados, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
También incluye a los jueces y las juezas, el contralor y el subcontrato; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los fiscales del Ministerio Público, los rectores, los contralores y subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior y el regulador general.
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Los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores; los miembros de las juntas directivas, los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales, también deben hacer su declaración ante el órgano contralor.
A la lista se suman los empleados de las aduanas, los que tramiten licitaciones públicas y quienes custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, así como quienes aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos.
