Tomás Gómez
En algún momento durante las próximas 96 horas la Sala Constitucional -conocida como Sala IV- deberá dar su veredicto sobre la Ley Marco de Empleo Público, un proyecto que el Gobierno señala prioritario ahora, más que nunca.
De ello dependen los desembolsos del empréstito por $1.178 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país.
La iniciativa trata sobre el plan para reorganizar parte de los pluses y beneficios de los empleados públicos; lo cual no ha estado exento de polémicas.
Originalmente, el proyecto de Empleo Público se propuso como un componente esencial de la Reforma Fiscal del 2018. Los proyectos del Poder Ejecutivo naufragaron pero el tema fue incluido en las negociaciones con el FMI.
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La meta es que sus transformaciones impliquen ahorros multimillonarios en el aparato estatal. La expectativa sirvió para amarrar el préstamo con el Fondo.
El 17 de junio anterior 32 diputados aprobaron el proyecto. Aunque el plan darle votación definitiva a la semana siguiente, llegaron las consultas a la Sala IV para evaluar la iniciativa y la validez de su procedimiento.
A las tres consultas de los diputados se sumó una más de la Corte Suprema de Justicia y el plazo para resolver se agota: la fecha límite será el 2 de agosto.
¿Cuándo resolverá la Sala IV?
La revisión de la Sala IV a Empleo Público se enfrenta a una situación atípica pues el lunes es feriado.
Así, si la resolución no sale este viernes el plazo seguirá corriendo, llegándose a opciones como sesionar el día libre (que no es feriado obligatorio) o prorrogar al día hábil siguiente.
El alto tribunal no adelanta nada y se limitó a indicar que, en caso de extender el plazo de discusión, se informaría la decisión.
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“Tenemos plazo hasta el 2 de agosto, si para esa fecha no se ha resuelto la consulta haríamos una comunicación oficial informando sobre la postergación del plazo”, indicó la institución ante consultas de este medio.
¿Y qué podría pasar?
Sobre lo que verán los magistrados, el escenario también se divide en dos ámbitos:
- Fondo: se trata de valoración de las normas y lo resuelto por la Sala IV sirve como mera referencia.
- Forma: revisa los procedimientos y las consideraciones de este tipo sí son vinculantes.
De estas dos, la segunda implica un proceso más complejo, pues para corregirse debe devolverse el procedimiento al momento donde ocurrieron. Esto implica incluso, devolver el plan a la Comisión de Gobierno, donde el texto pasó meses en un intenso debate.
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Las primera, por su parte, sirve de recomendación, pues permitiría votar el proyecto, pero una vez vigentes, las leyes podrían anularse mediante reclamos ante la Sala, usando como base el criterio previo.
Aunque los errores, sean de forma o fondo, son subsanables. Todo esto pasa por el tema político.
Así, podría ser factible la corrección, o, por el contrario, desestimar el proyecto ante la falta clara de votos. Esto último ocurrió, por ejemplo, con los planes fiscales de Abel Pacheco y Laura Chinchilla, cuando la Sala IV determinó problemas en los procedimientos que los habían llevado hasta primer debate.
Gobierno está manos arriba
Con anterioridad, Elián Villegas, ministro de Hacienda expuso que no tienen una alternativa en caso de que los magistrados encuentren vicios en el proyecto.
“No se está contemplando ese plano tan catastrófico, lo que estamos apostándole es que se ha venido subsanando aquellos aspectos señalados que podrían ocasionar un problema constitucional”, indicó el ministro.
Villegas se refiere a la posibilidad de poder hacer las correcciones a través de la Comisión Legislativa de Consultas de Constitucionalidad. Ahí se subsanarían los señalamientos para continuar su avance hacia Plenario.
“Ustedes han visto el trabajo tan intenso que hay llevado la ley de Empleo Público desde comisión y plenario; no es algo que uno pueda sustituir fácilmente no es algo donde uno pueda decir ´de aquí saco este otro proyectito´ porque es mucho más complicado de eso”, afirmó Villegas.
Las dos fracciones de oposición más numerosas están a la espera de conocer la resolución de la Sala para cambiar o mantener su posición.
En el PUSC analizarán el tema en la próxima reunión de fracción, luego de la resolución de magistrados, según indicó la bancada.
El 17 de junio anterior cuando se votó en primer debate el proyecto de ley, el PUSC aportó 6 de los 15 votos en contra. Solo una legisladora votó a favor y había dos socialcristianos ausentes en Plenario al momento de la votación.
En la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) también están a la espera de la resolución de la Sala.
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“Emitir algún criterio antes de ese pronunciamiento sería irresponsable, así que lo que procede es esperar lo que indique la Sala Constitucional y valorar las alternativas”, afirmó María José Corrales, jefa de la bancada.
Un documento al cual El Observador tuvo acceso señala que dentro del acuerdo se tenía contemplada la aprobación de este proyecto a más tardar en mayo.
Sin embargo, casi tres meses después eso no ha sucedido.
El Ministro de Hacienda especificó que el país no solicitó prórroga para este expediente. Por tanto, será hasta octubre cuando la misión del FMI revise el cronograma para determinar cómo seguir adelante.
Con anterioridad, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, informó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que, en caso de no aprobarse este proyecto y los otros siete adscritos al acuerdo, el Fondo puede frenar los desembolsos semestrales.
El país ya se aseguró el primer tracto por alrededor de $290 millones. Pero, el segundo que podría ser en diciembre, está sujeto a la aprobación de estas iniciativas.
Presidente espera por “columna vertebral”
El oficialismo, tanto desde el Congreso como desde Casa Presidencial y ministerios; destacan al plan de Empleo Público como la iniciativa que representa la columna vertebral en el acuerdo con FMI.
Carlos Alvarado, presidente de la República, declaró el martes anterior que está atento a la decisión que emitirá el tribunal constitucional.
“Espero que esta misma semana, ojalá, cumpliendo el plazo, llegue la opinión de Sala Constitucional sobre Empleo Público que allane el camino hacia un segundo debate; eso será fundamental porque esa es la columna vertebral y la sombrilla del acuerdo”, afirmó.
La negociación con el Fondo implica compromisos del país en la vía de contención del gasto y nuevos impuestos. Empleo Público es la apuesta del Gobierno por ese ahorro.
Estimaciones realizadas por el Ministerio de Planificación señalan que con el plan de Empleo Público, habría un ahorro de 0.70% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, las universidades públicas aseguran que sería de 0.14% del PIB.
El Gobierno apuesta por este acuerdo pues permitirá un ahorro de ¢42.000 millones durante los 10 años del pago, según datos del Ministerio de Hacienda.
El tiempo se agota para que la Sala IV se pronuncie sobre Empleo Público (Cortesía)
