Tomás Gómez
Por primera vez en la historia, la Corte Plena decidió realizar una consulta de constitucionalidad y lo hará con la Ley Marco de Empleo Público alegando afectaciones a la independencia judicial.
El acuerdo lo tomaron los 20 magistrados que partiparon en una sesión extraordinaria el miércoles pasado; tras enlistar por un par de horas sus críticas al proyecto.
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Además, en la misma reunión se designó al presidente de la Corte, Fernando Cruz, como emisario para realizar el trámite.
Estos fueron los altos jueces que respaldaron el acuerdo:
Las razones de los magistrados
En una primera votación, la Corte Plena ya había considerado que la Ley de Empleo Público alteraba su funcionamiento. Con ello se hizo obligatorio que alcance al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa para el proyecto entre en vigor.
Tras una aprobación legislativa en primer debate, el presidente Cruz encabezó el nuevo recurso para cuestionar la ley.
El borrador del documento fue presentado por Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte. Este enfatizó en que el tener la rectoría de Empleo Público en el Ministerio de Planificación estaría afectando la autonomía de la administración judicial, que es un Poder independiente.
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A él se sumaron los magistrados Fernando Cruz y Julia Varela, señalando posibles riesgos de intervención política.
Destacó que salvo Cruz, el resto de magistrados propietarios de la Sala Constitucional se inhibieron de participar en la votación. Evitaron así adelantar criterio dado que serán ellos quienes resolverán la consulta.
Dos de estos suplentes -Lucila Monge y Hubert Fernández- también la emprendieron contra el proyecto.
La Sala Constitucional, conocida popularmente como Sala IV, tiene en fila otras dos consultas interpuestas por diputados contra Empleo Público (Alonso Mata | Sala Constitucional)
¿Qué alcances tiene la Sala realmente?
La consulta votada por los magistrados deberá pasar primero por el filtro de admisión y en caso de ser recibida, se sumará a dos enviadas por los diputados.
Según explicó el abogado constitucionalista Fabián Volio a El Observador, los tres recursos podrían acumularse para una sola resolución, donde se verán dos escenarios:
- Fondo: se trata de valoración de las normas y lo resuelto por la Sala IV sirve como mera referencia.
- Forma: revisa los procedimientos y las consideraciones de este tipo sí son vinculantes.
De estas dos, las segundas pueden ser particularmente graves, pues para corregirse debe devolverse el procedimiento al momento donde ocurrieron, implicando incluso enviar el plan a la Comisión de Gobierno, donde el texto pasó meses en debate.
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Las primera, por su parte, sirven de recomendación, pues permitirían votar el proyecto, pero una vez vigentes, las leyes podrían anularse mendiante reclamos en la Sala, usando como base el criterio previo.
“Podría perfectamente continuar el proyecto y aprobarlo. Claro está que en el futuro una persona podría alegar que como la Sala ya declaró preliminarmente que esa norma es contraria, puede cuestionarla ahora sí mediante una acción”, señaló Volio.
El experto enfatizó en que ambos errores son corregibles, sin embargo, a ello se suman aspectos políticos que podrían enterrar las propuestas.
“La Asamblea puede siempre corregir. Lo que ha ocurrido en algunas ocasiones es que se rompen las mayorías legislativas y ya no cabe una segunda votación pero eso ya es más un aspecto político que jurídico”, concluyó.
Los diputados aprobaron Empleo Público con 32 votos pero mantener todos sus ajustes, se ocuparán 38 votos en el segundo debate (Cortesía)
