Tomás Gómez
La defensa del presidente Carlos Alvarado sigue insistiendo en su teoría de que hay filtraciones de información en los casos que se siguen en su contra.
El argumento ya fue usado en la investigación que se sigue por presuntas irregularidades de la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos (UPAD) y se repite ahora, cuando se sigue la pista a las polémicas vacaciones de la familia presidencial en Guanacaste durante agosto pasado.
La queja de los abogados surgió luego de que trascendiera que supuestamente la Fiscalía pidió a los magistrados el levantamiento del secreto bancario en las cuentas de Alvarado.
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Al respecto, los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara detallaron que el tema no figura en el expediente.
“No es de nuestro conocimiento que estas gestiones hayan sido solicitadas. Sí entendemos que lo solicitado tiene relación con el secreto tributario para verificar la emisión de facturas electrónicas, lo cual no es información del Presidente sino de la empresa que emite la factura. De todas formas, no nos preocupa una gestión así, pues don Carlos Alvarado no tiene nada que ocultar ni nada que se pueda reprochar”, señalaron.
Los juristas aprovecharon para indicar que “la prensa se enteró de la supuesta solicitud del Ministerio Público primero que los abogados defensores”. “Lamentablemente, esto no es una excepción, sino que viene siendo la regla”, sostuvieron.
“Esta es una prueba más del grave peligro que supone permitir que la Policía o la Fiscalía tengan acceso irrestricto a toda la documentación e información que maneja el Presidente de la República; como se pretende en el caso conocido como UPAD”, concluyeron.
El expediente en varias manos
Al cierre de esta nota la Fiscalía no había indicado su postura ante las aseveraciones de los abogados del presidente Alvarado.
Sí advirtió que todas las diligencias de ese tipo son confidenciales y no se informan. “Cuando hay procesos penales en trámite no se confirma ese tipo de diligencias, pues esa información es privada de los expedientes en investigación”, indicó por medio de su oficina de prensa.
Pese a ello, la Fiscala Emilia Navas ya había rechazado semanas atrás quejas similares.
Según la jerarca, la institución era la principal interesada en que no saliera información de los casos. Junto a ello explicó que los expedientes también pueden ser accedidos por más figuras como abogados defensores, querellantes y sus asistentes, imputados y la Procuraduría.
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“El hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa, en absoluto, que se trate de actuaciones irregulares”, mencionó Navas entonces.
Vacaciones en helicóptero y con hotel cerrado
La polémica por el paseo familiar arrancó el domingo 9 de agosto por la noche. En medio de las restricciones por la pandemia, Alvarado y su familia habían viajado a Guanacaste desde dos días antes.
Los detalles del viaje fueron develándose con los días, destacando elementos como los pagos hechos al ministro André Garnier, accionista de la empresa propietaria del helicóptero. Además, destacó el hecho de que el hotel estaba cerrado al público.
Para justificar sus actividades, la defensa de Alvarado publicó las facturas, lo que valió nuevos cuestionamientos y una investigación en Tributación sobre los comprobantes.
La Fiscalía, por su parte, abrió el expediente 20-000044-0033-PE. En el se investiga el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
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