Josué Alvarado
Cinco inversionistas institucionales relacionados con la administración de fondos de pensiones piden a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) un plan que garantice una mejora en los rendimientos de los fondos que administra.
La solicitud se hizo pública este jueves 21 de marzo, al mismo tiempo que la SAFI rinde cuentas ante los inversionistas que asisten a las asambleas de sus fondos, en medio de serios cuestionamientos y denuncias por supuestas irregularidades.
Los inversionistas firmantes son tres operadoras de pensiones complementarias y dos fondos de pensiones:
- Vida Plena
- Popular Pensiones
- BN Vital
- Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema)
- Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
Estas instituciones utilizaron el dinero de los afiliados para invertirlo en el Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificado (FIIND).
Ahora piden acciones al alto equipo gerencial del BCR que está a cargo del fondo para que recupere los $42 millones, monto que supuestamente se habría pagado de más al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales durante la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Según recientes denuncias de los inversionistas BCR SAFI habría pagado sobreprecios a Vargas Corrales en al menos dos ocasiones: por la compra del PEP y por Bodegas Comerciales La Uruca, otra propiedad que los administradores del fondo compraron al exdiputado.
“Queremos que nos den respuesta sobre la recuperación de esos recursos para salvaguardar los intereses de nuestros representados o afiliados”, señaló el director ejecutivo de Jupema y presidente del Comité de Vigilancia, Carlos Arias.
“Los rendimientos mostrados no son del agrado ni aceptación por parte de los inversionistas, lo que nos ha llevado a discusiones que resulten en la búsqueda constante de soluciones efectivas al plan maestro de saneamiento y la adecuada gestión del fondo”, añadió.
Nueva asamblea este viernes
La mañana de este viernes se realizará una nueva asamblea en la que la administración del fondo tendrá que explicar a los inversionistas el estado de sus inversiones y los planes a futuro.
El Comité de Vigilancia, conformado por inversionistas a partir de los cuestionamientos que se le hacen a la administración, dará un informe de control y fiscalización.
Algunos de los temas que se analizan en ese informe son asuntos relacionados al plan maestro del PEP, la autorización de accesos a la propiedad y de la concesión del agua y la implementación de las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos en las mismas instalaciones.
También se solicitará a la administración propuestas concretas para atender las obligaciones crediticias que vencen entre abril y mayo de este año, criterios técnicos para la posible venta de activos del fondo así como un estudio complemento de los contratos de arrendamientos vigentes a la fecha.
Fiscalía y Sugeval investigan
Tanto la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tienen expedientes abiertos en los que se investiga si se pagó o no al exdiputado Vargas un monto mayor al que correspondía.
En la Fiscalía se generó el expediente 21-000209-1218-PE, por el presunto delito de sobreprecio irregular. Aquí se investiga únicamente la compra del PEP.
La Sugeval, por su parte, investiga lo que los inversionistas llaman un “modus operandi”, pues no fue una única propiedad con la que se habría beneficiado con un sobreprecio al exlegislador, si no que también habría ocurrido con otras propiedades.
