Tomás Gómez
A dos años de dejar la Presidencia, algunas decisiones de la administración de Luis Guillermo Solís siguen generando polémica y este martes motivaron un allanamiento múltiple.
Se trata del caso del fallido salvataje al extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), que al borde de su colapso habría recibido una inyección de recursos públicos.
“Presuntamente, para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, se cree que los imputados, durante su gestión en el Gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad bancaria, a pesar de que, al parecer, conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno”, confirmó la Fiscalía a El Observador.
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El caso fue denunciado en julio del 2020 por la Contraloría General de la República tras una queja del diputado frenteamplista José María Villata.
La Fiscalía lleva el caso bajo el expediente 20-115-1218-PE y estos son los datos principales del proceso donde está incluído hasta el expresidente Solís.
¿A quién se investiga?
La Fiscalía confirmó que en su expediente figuran como investigados:
- El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís
- El ex vicepresidente de la República y exministro de Hacienda Helio Fallas
- El exministro de la Presidencia y actual embajador Sergio Alfaro
- La extesorera Martha Cubillo
- El subtesorero Mauricio Arroyo
¿Qué pasó con Bancrédito?
Bancrédito era uno de los bancos estatales de Costa Rica. Se fundó en 1918 y 99 años después cerró en medio de una crisis e importantes pérdidas.
Por más de una década hubo intentos para reflotar la institución y darle competitividad, pero estos fueron inútiles y la legislatura pasada se movieron varios intentos para su cierre o absorción.
Aunque se conocían sus problemas el Gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda, realizó inversiones en títulos valores, por unos ¢38.000 millones y $50 millones.
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En 2017, una directriz presidencial llamó al sector público a mantener las inversiones en el banco. Además, se compró un título más por ¢62.000 millones.
Finalmente, Bancrédito no prosperó y llegó a su fin el 31 de diciembre del 2017.
¿Fueron advertidos?
La mala situación de Bancrédito ya era conocida, por lo que las inversiones del Gobierno encendieron alertas.
A lo largo del 2017 la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió sobre los problemas que tendría el Banco para afrontar sus obligaciones.
Los llamados no fueron atendidos y finalmente se dictó la intervención en diciembre de ese año.
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El entonces presidente del Consejo de de Supervisión del Sistema Financiero (Cosassif), Luis Carlos Delgado, explicó que era necesario por el nivel de riesgo al que llegaron las cuentas -se llegó a la irrgularidad grado 3-. Además, las pérdidas para noviembre del 2017 eran por el 37% del patrimonio.
La administración Solís fue crítica con el proceso, que el exministro Sergio Alfaro catalogó de “ilegal”.
¿Cuál es el avance de la investigación?
Fiscalía explicó que de momento no pueden darse más detalles de la investigación de Bancrédito pues está en etapa preeliminar.
De momento, se está en la recolección y análisis de prueba.
Bajo se ese escenario se allanaron 3 oficinas del Ministerio de Hacienda. También hubo intervenciones en las casas de los investigados Fallas -en Curridabat- y Arroyo -en Naranjo-.
¿A qué se exponen los investigados?
Hasta el momento, se investigan los supuestos delitos de fraude de ley e influencia contra la Hacienda Pública.
El fraude se configura cuando cuando la actuaciones de las personas no persiguen la satisfacción de fines públicos y las leyes. Su pena es de 1 a 5 año de cárcel según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública.
La sanción por influencia es de 2 a 8 años de cárcel según la misma ley. Para configurarse, el delito requiere que los funcionarios, en virtud de su cargo, “influyan, dirijan o condicionen” resultados que afecten los fondos públicos.
