Tomás Gómez
Asociación ilícita, cohecho, malversación, nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes forman parte de los supuestos delitos que la Fiscalía le investiga al presidente Carlos Alvarado.
A 8 semanas de dejar Casa Presidencial, Alvarado tiene activas un total de 10 causas según confirmó el Ministerio Público.
Estas se han venido acumulando a lo largo de los cuatro años de administración. Si bien casos mediáticos como el viaje en helicóptero a Guanacaste fueron desestimadas otras como la UPAD más bien aceleran su paso.
El listado completo incluye:
"Extensión de la política a través de la judicialización"
Según dijo Alvarado la semana anterior al trascender un nuevo caso en su contra, ese tipo de denuncias son parte de estar en política.
"Se suma a la ya larga lista de la extensión de la política a través de la judicialización. Cada vez que hay un hecho así termina judicializado termina con una denuncia y eso también tiene sus riesgos", señaló durante la firma de la Ley de Empleo Público.
Alvarado agregó que la situación de las denuncias genera también riesgos sobre la institucionalidad.
"Mina toda credibilidad en la gente que ejercemos la política, todos lo que ejercemos la función pública estamos llenos de denuncias penales, lo cual también desincentiva a mucha gente muy buena a meterse en esto", señaló.
"Mina la confianza en la credibilidad de la política pero también, cuando en verdad pasa algo que se suma al montón y la parte judicial no llega suma al sentimiento de impunidad y todo lo anterior genera un gran caldo de cultivo para la erosión democrática", complementó.
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En esa línea repartió también culpas sobre el efecto que tiene la judicialización de la política.
"Ahí todos tenemos responsabilidad, los políticos tenemos responsabilidad, quienes ponen denuncias tienen la responsabilidad, quienes manejan esto desde los medios de comunicación sea de una forma u otra tienen una dosis de responsabilidad. Yo soy responsable con el sistema y de eso o de cualquier otra como lo he dicho siempre estaré dispuesto para dar cuentas", alegó.
Otro escenario después del 8 de mayo
El rango presidencial de Carlos Alvarado implica un procedimiento especial judicial por el fuero.
Ello implica que los casos relacionados al él los tiene que llevar directamente la Fiscalía General de la República. Además, trámites como allanamientos y otras diligencias deben ser autorizadas por la Sala III.
Una vez que Alvarado deje su cargo el 8 de mayo, sin embargo, los procesos estarían pasando a la jurisdicción ordinaria, haciendo que él enfrente los procesos ante los jueces tradicionales.
Dentro del caso UPAD a Alvarado y su exministro de la Presidencia, Víctor Morales, se abrió un expediente propio donde se denuncian las eventuales irregularidades que habría implicado la promulgación del decreto (Alonso Solano/ El Observador)
