Hermes Solano
Luego de la ley contra el Crimen Organizado (expediente 23.090), aprobado a finales de mayo, para el Ministerio Público hay otra iniciativa en importancia y que es urgente tenerla definida.
Se trata del expediente 22.836, que busca una reforma al Código Procesal Penal. Esto le daría más facultades a los jueces para ordenar, en un plazo menor, realizar los allanamientos.
También, le permite a la fiscalía obtener pruebas de los casos de manera anticipada.
“Permite establecerle a los jueces plazos perentorios para autorizar allanamientos y le faculta a la fiscalía pedir lo que llaman anticipos de prueba para testigos”, explicó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
La Asamblea Legislativa ya colocó el proyecto en el orden del día del Plenario. La intención es discutirlo lo más pronto posible para aprobarlo.
“De todos los proyectos que habíamos acordado en las reuniones con la Corte y la Fiscalía, este es el número dos que ponen en la lista de urgencias”, añadió Arias.
Según el legislador, recibió una comunicación de la Corte Suprema de Justicia y del propio fiscal general, Carlo Israel Díaz, solicitando que se apruebe el proyecto de ley.
“Son instrumentos que la fiscalía necesita”, indicó Arias.
Dictamen unánime
El expediente tiene dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Seguridad, por lo que tendría el apoyo para que se apruebe pronto en el Plenario.
En medio de la crisis de seguridad que se vive en el país, con más de 500 homicidios registrados en lo que va del año, las soluciones en esta materia son urgentes, a criterio de algunos sectores.
Arias lideró el camino para buscar fortalecer esta materia. Convocó a los diferentes presidentes de los Supremos Poderes para crear la lista de proyectos que permitirían encontrar las soluciones a esta ola de violencia.
Hasta ahora solo se aprobó expediente de Crimen Organizado y sigue la discusión de esta nueva reforma.
El martes arrancan las sesiones ordinarias, donde la Comisión de Seguridad volverá a sesionar. También se definirá la agenda de acuerdo a las prioridades en esa materia.
Desde el 1 de agosto, los diputados manejarán la agenda del Plenario y Comisiones. En el último trimestre, esa fue tarea del Poder Ejecutivo que se centró en los proyecto de vía rápida: jornadas 4-3 (pendiente de la discusión por el fondo; ahora en consultas) y Crimen Organizado (entró a regir).
