Tomás Gómez
Luego de una década de conflictos y una última carrera para clarificar la normativa, la Ley contra el Crimen Organizado por fin quedó en firme en las últimas semanas y ahora viene un paso clave: ejecutarla.
A nivel judicial, el plan tiene un nombre que suena a clave: JEDO. Estas son las siglas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que implicará toda una reforma a la hora de juzgar los delitos cometidos por grandes grupos.
Su implementación, eso sí, demandó un proceso complejo de preparación.
Por un lado, hubo que preparar investigadores, fiscales, defensores y jueces especializados. Por otro, hasta las mismas salas donde se llevarán los procesos tuvieron que tener también su fase de adaptación.
Esta es parte del recuento.
Personal experto en Crimen Organizado
Uno de los primeros pasos para contar con la JEDO fue la selección de un grupo amplio de funcionarios que verán las tareas.
La lista incluye:
- 42 plazas administrativas y de apoyo: de ellas hay 29 para guardas y 11 encargados de logística.
- 37 encargados jurisdiccionales: incluyen 4 jueces Juzgado Penal, 10 jueces de Juicio y 6 jueces de apelación; así como jueces de trámite y personal técnico.
- 26 plazas de Defensa Pública: 14 son defensores públicos, 5 son investigadores, 3 son técnicos jurídicos, 3 técnicos administrativos, y 1 es de Servicios Generales.
- 174 plazas de OIJ: 96 puestos policiales, 42 de agentes de protección de funcionarios y las 36 restantes puestos técnicos y administrativos.
- 80 plazas de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos: 64 son de investigador de protección de víctimas y testigos.
Respecto a la formación, la implementación inició con un diagnóstico del personal y posterior plan de capacitación.
El proceso lo encabezaron entre la Escuela Judicial y la Universidad Internacional de la Florida (FIU); con patrocinio la Embajada de Estados Unidos. Para ello se generó un paquete de 17 cursos divididos en 4 fases.
Más de ¢1.000 millones en adaptación
Los espacios de Crimen Organizado demandaron también ajustes en la planta física.
Eso implicó una inversión de ¢1.088 millones en construcciones y remodelaciones.
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“A través de dicha inversión fue posible acondicionar el espacio físico que aloja al Juzgado Penal, Tribunal Penal , Tribunal de Apelación de Sentencia, Defensa Pública y Fiscalía de la JEDO”, indicó el Poder Judicial.
“Asimismo, se acondicionaron salas de juicio diseñadas especialmente para este tipo de asuntos y se reforzaron dispositivos de seguridad del edificio, acorde con los riesgos que imponen la atención de este tipo de casos”, sumó.
¿Quiénes irán a Crimen Organizado?
Para que un proceso llegue a la JEDO son necesarios varios requisitos.
“No sólo que se trate de una conducta delictiva sancionada con prisión de cuatro años o más, sino que la haya cometido un grupo de tres o más personas, en el que sus miembros participen concertadamente (es decir, con distribución de tareas o roles), que la razón de existir de este, sea cometer uno o más delitos graves, y que a la vez dicho grupo tenga permanencia en el tiempo”, indicó el Poder Judicial.
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Según la respectiva ley, es el Fiscal General quien, observando las características de los casos, solicita al juez que establezca en resolución debidamente fundada, que un asunto es de delincuencia organizada.
El ente judicial espera que la mayoría de casos puedan seguir siendo tratados por los tribunales ordinarios. Eso sí, destacan algunos escenarios donde se justificaría más el traslado a la JEDO.
“Para los casos de delincuencia organizada más complejos o por razones de seguridad u otros motivos procesales bien justificados, el Fiscal General puede pedir no sólo que el juez determine que el asunto es de delincuencia organizada, sino además, en asuntos muy calificados, que dicho asunto debe ser tramitado en la JEDO, la cual tiene competencia para conocer asuntos de todo el país”, detalla el órgano.
Más de una década para contar con tribunales de Crimen Organizado
El 24 de julio del 2009 entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada (N° 8754). Esta normativa introdujo innovaciones como el hecho de tener los plazos legales duplicados para estos casos especiales.
Ocho años después, en 2017, se promovió una reforma para generar tribunales específicos, conocida como la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica (N° 9481).
Esta incluía reformas a la ley N° 8754 y para introducirlas, procedía a derogar varias de las disposiciones.
Eso sí, la ley era clara que entraría hasta un año después de su publicación en La Gaceta. El documento se publicó en 13 de octubre del 2017, por lo que regiría al día siguiente de dicho aniversario, es decir, el 14 de octubre del 2018.
Problemas logísticos y financieros complicarían la aplicación de la ley, por lo que se aprobó una reforma en 2018. Esta le dio un año más de espera, trasladando así al 14 de octubre del 2019 la puesta en práctica de la ley.
Justo al filo de ese plazo, el Congreso debió aprobar una nueva postergación, en este caso, se estableció que la Jurisdicción de Crimen Organizado operaría hasta 18 meses después de que se contara con el presupuesto necesario.
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Este último paso se concretó con el Presupuesto Nacional 2022, (Ley N° 10103 de 30 de noviembre de 2021). En él, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial, la inclusión de un monto de ¢2.900 millones, que permitieron iniciar con el proceso de implementación de esta Jurisdicción Especializada.
A ello hubo que sumar una reforma para enmendar un posible vacío que se generó en medio de las correcciones de la ley original. El tema puso a correr a los diputados y el Gobierno y tras un procedimiento express se logró dejar en firme a inicios de mes.
