Mariana Mena
Los autobuseros tendrán hasta el 19 de abril tiempo para cambiar las unidades con más de 15 años de antigüedad.
El pasado 3 de enero, el Consejo de Transporte Público (CTP) informó la directriz que quedó en firme este miércoles tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el CTP, se respaldan en dos leyes vigentes:
- La primera es conforme al artículo 46 bis de la Ley 7600, que establece que las unidades fuera de vida útil no podrán prestar servicio público en modalidad de ruta regular. Es decir, en este momento no pueden circular.
- La otra directriz está en el artículo 52 de la Ley de Tránsito, que da un plazo improrrogable de tres meses para sustituir la o las unidades retiradas.
“El incumplimiento que persista, una vez vencido el plazo, será causal de resolución de la concesión u otro modelo de explotación involucrado”, alertó el CTP.
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Proyecto de Ley
Actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, se mantiene un proyecto de Ley que busca regular la situación de estas unidades.
“Deben verse todas las mociones y hay más de 130, que presentó el Frente Amplio. No se entendió que el trasfondo del proyecto es buscar una transitoriedad,” resaltó Silvia Bolaños, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportes.
“No se trataba de mantener una flota vieja, sino darle a las empresas mecanismos para acceder a créditos y sustituir esas unidades”, defendió la vocera del gremio.
Según destaca la cámara, los estados financieros de muchas de las prestadoras del servicio están en números rojos y por eso no son sujetos de crédito.
Además, Bolaños asegura que desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) están buscando mecanismos de financiamiento para este sector.
La Cámara viene advirtiendo que de retirarse las unidades, habrá afectación a los usuarios.
Insiste en que algunas comunidades del país se quedarán sin servicio público de bus, principalmente en zonas rurales.
Al cumplir los 15 años de vida útil, las unidades se quedan sin revisión técnica y las empresas quedan imposibilitadas para sacarlos a operar.
La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa es la encargada del análisis del proyecto de ley.
Poco se puede hacer, dice gobierno
Mientras que, desde el Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves señaló semanas atrás que es un problema muy serio que dejaría afectación en los usuarios de este transporte público.
“El Gobierno de la República no tiene la potestad para decidir de una manera o de la otra. Ha habido consenso (entre las fracciones), excepto el Frente Amplio, que ha dicho que no está de acuerdo”, expresó el mandatario el 21 de diciembre.
“La realidad de las cosas es que sí, tenemos un problema muy serio”, añadió.
Según las estimaciones, desde el 1 de enero de 2023, eran cerca de 290 autobuses los que salían de circulación al superar los 15 años de uso.
“Existe una imposibilidad para la administración de extender la vida útil de las unidades, es un plazo establecido por Ley y no hay posibilidad de maniobra del CTP. Es responsabilidad de la Asamblea”, fustigó Bolaños.
“Insistimos que se ha querido confundir a la población por un tema de seguridad y ambiente, pero es de transitoriedad para seguir teniendo acceso a transporte público”, agregó la representante de Canatrans.
