Desde la Columna
Adrián Martínez, director y fundador de la organización La Ruta del Clima
La proyección de escenarios climáticos para América Latina y el Caribe es preocupante. Los impactos en la región se traducen en reducción de la seguridad alimentaria, afectación a la seguridad hídrica y la amenaza que representa el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos.
Hoy en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, millones de personas viven expuestas a una grave inseguridad alimentaria y sufren de seguridad hídrica reducida por estos eventos extremos. Esta alta vulnerabilidad aunada a los impactos climáticos provocan que nuestras comunidades sufran el flagelo de los daños y las pérdidas.
El cambio climático tiene su raíz histórica en el modelo económico extractivista intenso en carbono de las economías del Norte. Esta actividad económica ha modificado el clima e impuesto un riesgo inusual y desproporcionado en nuestras comunidades. El lucro y el privilegio del Norte causan un daño transfronterizo ambiental que genera perjuicios económicos y sociales injustos para América Latina y el Caribe. Este modelo económico de extracción y desigualdad, traslada a nuestras comunidades vulnerabilizadas sus externalidades negativas.
Los impactos negativos del cambio climático afectan desproporcionadamente a las personas en condición de pobreza, las mujeres, la niñez, los y las migrantes, las personas con discapacidad, las minorías, los pueblos indígenas y otras poblaciones históricamente marginalizadas, de forma tal que afecta el disfrute de los derechos humanos.
Partiendo del mandato de construir un modelo económico sostenible, responsable y equitativo como establecen los objetivos y compromisos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y tal como lo indican Aleida Azamar-Alonso y Graciela Carrillo-González en “Extractivismo y deuda ecológica en América Latina” (2017), la “deuda externa de los países latinoamericanos ya ha sido pagada, no solamente en términos económicos por efecto de la enorme cantidad de intereses sufragados que supera ampliamente la deuda original; también en términos de intercambio comercial por el amplio beneficio económico obtenido por los países desarrollados, quienes han especulado con los precios de estos bienes para beneficiarse en el proceso de compra-venta.”
Sin embargo, bajo una condición de usura y de vulnerabilidad extrema es que América Latina y el Caribe enfrentan los daños y las pérdidas causados por la actividad económica del Norte global.
Tres décadas después de la creación de la CMNUCC, los países desarrollados cedieron a la presión mundial y se estableció un fondo de Daños y Pérdidas para “asistir” a los países en desarrollo que son “particularmente” vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Este fondo debe permitir dar respuesta a los daños y las pérdidas económicos o no económicos.
Esta decisión abre un proceso para discutir sobre la estructura de este fondo, sus fuentes y escala de financiamiento y la participación de las comunidades afectadas al definir cómo afrontar los daños y las pérdidas. Un elemento del cual no hay duda es que este fondo estará presente en la realidad socioeconómica de nuestra región por muchas décadas.
Hemos de considerar que los mecanismos de financiamiento climático existentes presentan grandes vacíos respecto a la participación de las comunidades y de la sociedad civil. En particular, los fondos existentes no tienen una misión de brindar recursos para abordar situaciones donde los derechos humanos de las personas ya se encuentran lesionados a raíz del actuar de los Estados parte de la CMNUCC y que su condición de vulnerabilidad es significativa. Esto conlleva a la necesidad de crear un fondo que responda a atender las necesidades inminentes y de largo plazo de comunidades vulnerables lesionadas por daño ambiental transfronterizo en todo el planeta.
El fondo de daños y pérdidas debe tener un enfoque de justicia climática, que no lleve a un mayor endeudamiento, sea adicional al financiamiento existente y que no extraiga sus recursos de las economías de los países impactados por daños y pérdidas. El fondo debe considerar que la respuesta a daños y pérdidas requiere inmediatez, rapidez y predictibilidad a largo plazo.
Por ello, es necesario una visión integral que considere no sólo las pérdidas y los daños económicos, sino que considere también los no económicos. El fondo debe tener diferentes niveles de impacto, para que de este modo tenga un enfoque intersectorial, que impacte la institucionalidad, las organizaciones de base y las comunidades.
Por otro lado, el fondo debe contar con mecanismos de rendición de cuentas que eviten la revictimización, mayores lesiones y aseguren la participación efectiva de las poblaciones titulares del derecho de resarcimiento por los daños y pérdidas. Como hemos mencionado, a diferencia de los otros pilares de la acción climática, en el caso de daños y pérdidas, la afectación negativa ya ha ocurrido y los derechos humanos de las personas ya han sido lesionados. En este sentido, los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales.
Esto requiere que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil puedan participar efectivamente en la creación del fondo, a través de la generación de datos, brindando aportes para la toma de decisiones y la priorización de acciones.
En este momento, en el marco de la CMNUCC, es crucial que en la sesión restante de este año del Comité de Transición -encargado de crear el fondo de daños y pérdidas- exista participación de la sociedad civil y especial de las comunidades afectadas. Esto es imperativo para la creación de un fondo que responda a atender las lesiones a la dignidad humana.
El Comité de Transición puede recurrir a expertos y expertas en temas de derechos humanos así como a la participación del público para entender de mejor manera a quienes el fondo debe resarcir.
No es un fondo como otros que aporta financiamiento para bienes sino uno que resuelve una lesión a comunidades. Existe la oportunidad de recurrir a las instancias de las Naciones Unidas como PNUD, UNICEF, OIM y otros, tanto para aportes técnicos como en busca de apoyo para escuchar a las personas a quienes este fondo debe beneficiar.
Este artículo forma parte del especial 23 voces del cambio climático de El Observador.
Dirigido por Berlioth Herrera. Coordinado y editado por Michelle Soto.
Sobre el autor Voz #12. Adrián Martínez es el director y fundador de la organización La Ruta del Clima
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