Josué Alvarado
Distintos factores a los interno y a lo externo de Costa Rica ponen cuesta arriba el camino para que el presidente electo, Rodrigo Chaves, cumpla su promesa de reducir el costo de la vida.
Quien será el mandatario a partir de hoy, señaló en campaña electoral que reduciría el costo del arroz, de la electricidad y de los medicamentos. Su promesa está plasmada en el plan de gobierno.
Pero distintos analistas consultados por El Observador consideran que si bien hay oportunidades para hacer cambios en dichos precios, lograrlo llevará tiempo, negociaciones con algunos de los grupos económicos más poderosos del país y procesos que podrían lerdear el alcance de la meta.
Al mismo tiempo, reconocen que reducir el costo de la vida sería clave en un momento en el que sube la inflación en el mundo, la tasa de interés y el tipo de cambio.
Arroz: el peor momento para hacer esta promesa
(Archivo/El Observador)
Chaves señaló en su Plan de Gobierno que quitaría “beneficios extraordinarios de los industriales del arroz”. En el documento dice además que el modelo actual es regresivo y contribuye a la pobreza y desigualdad.
En Costa Rica el arroz es uno de los pocos productos cuyo precio está regulado vía decreto. Los precios los define el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), según los datos que aporten los arroceros.
La analista de mercadeo agrícola, Aurea Vargas, explicó que la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) decide cuando solicitar al MEIC una variación en el precio del producto en granza y para el consumidor final.
Aseguró que se trata de un informe técnico y demostró que las solicitudes han sido tanto al alza como a la baja desde el 2010.
Los productores nacionales suplen cerca del 50% de la demanda nacional. El resto se importa, pero tiene que adapartarse a los mismos precios fijados por Conarroz y el MEIC. Esas importaciones se han hecho con aranceles de hasta el 0% para no influir en los costos.
Distintos analistas consideran que Chaves podría levantar el control de este precio vía decreto, pues por decreto también se regula.
Sin embargo, incluso liberando el mercado, actualmente es el peor momento para creer que esto se traducirá en una reducción al consumidor.
El precio del arroz y de los granos en general seguirá subiendo en el mundo hasta que se acabe la crisis de contenedores y la invasión rusa en Ucrania. O bien, hasta que aumenten la producción local.
“Es muy difícil que usted pueda bajar el costo del arroz si no tiene granza internacional de precio barato o si no tiene costos de producción local de granza baratos, y estamos en el peor de los escenarios para bajar los precios”, dijo el economista Leiner Vargas.
El precio de los granos sube en este momento debido al protagonismo de Ucrania en este mercado. Pero también por el aumento en el costo de los combustibles y los agroquímicos.
“Estaríamos eliminando la base productiva de productores de arroz costarricenses, personas que se han dedicado toda la vida a esta actividad.
“No es sacar a una institución de la fórmula (Conarroz) es sacar a un sector de la fórmula”, señaló Vargas cuando se le consultó sobre la posibilidad de liberar el mercado del arroz, grano básico de la cocina costarricense.
“El precio de importación del arroz está muy alto y no creo que haya impacto”, explicó el economista Gerardo Corrales.
Tal vez en otro momento esta misma acción tenga más impacto, coinciden las personas entrevistadas.
Electricidad: ICE necesitaría readecuar su deuda
En este campo, la promesa de Chaves es la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF).
Sin embargo, estas ya se aplican desde el 2009 y para el 2020 su aplicación llegó al 100% según información del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Estas normas permiten mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia, según la firma de asesoría financieraDeloitte.
Seguirlas se podría traducir en menos costos de operación y, una baja en las tarifas, según los consultados.
Pero esta vía parece estar agotadada para los analistas. Y el camino, coinciden, sería readecuar la deuda que el instituto ha adquirido durante los últimos 20 años para pagar menos intereses y que así se refleje en el bolsillo de los costarricenses.
El ICE también ha optado por cambiar su deuda a colones, para evitar el riesgo cambiario.
“Él utilizó eso de manera ilusoria en la campaña para tratar de atraer votos, pero en la practica nos vamos a dar cuenta que no era tan sencillo”, comentó el economista Corrales.
El abogado constitucionalista Rubén Hernández recordó que en esta discusión también se debe agregar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quien finalmente establece las tarifas mediante metodologías preestablecidas.
La Aresep no respondió a las consultas de El Observador.
“Tanto don Rodrigo como su equipo de gobierno tenían mucho desconocimiento de cómo funciona el aparato estatal. Yo espero que ya se hayan empapado un poco más y que se den cuenta que no es que al presidente se le ocurra y se puede hacer al día siguiente.
Desgraciadamente, una democracia es una democracia de procedimientos”, apuntó Hernández.
Medicamentos: Negociación de alto calibre
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El economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional, Leiner Vargas, hizo un estudio en el que comparó el precio de los medicamentos entre Costa Rica y El Salvador.
Algunos de los hallazgos son que comprando una canasta básica de medicamentos en farmacias de la misma cadena, pero en distintos países, la diferencia en Costa Rica podría llegar a los $96,99 de más.
Si se comparan los precios de la misma cadena en El Salvador, pero con otras privadas de Costa Rica, las diferencias pueden alcanzar los $135,55 y $99,41.
Este no es el primer estudio que señala que en Costa Rica se pagan precios altísimos, en comparación con otras partes del mundo. Pero es uno de los más recientes, de enero del 2022.
Vargas explicó que en Costa Rica el precio no está regulado, pero el mercado “está ampliamente regulado”.
¿Cómo se regula el mercado? Con derechos de importación de medicamentos o componentes para una única empresa, privando a otras de esa posibilidad.
También mediante el establecimiento de integraciones verticales, debido a la poca regulación de la competencia, explicó el economista de la UNA.
Exdiputado intentó regulación
Un proyecto de ley (No.20838) del exdiputado Wálter Céspedes señala que en Costa Rica las farmacéuticas establecían precios bajos basados en compras por volumen. Esto con el objetivo de reducir la competencia de pequeños participantes.
También que adquirían más puntos de venta y “una vez que se han retirado pequeños participantes del mercado o que se han formalizado (…) reestablecen precios a nivees altos”.
Vargas señala que hay cambios que se puden hacer por decretos y otros necesitarían pasar por la Asamblea Legislativa.
“No es tan sencillo, porque hay grandes empresas, conglomerados farmacéuticos que tienen diputados en la Asamblea Legislativa que están defendiendo esas posiciones.
Las empresas farmacéuticas estamos hablando de que es de los grupos poderosos más importantes de este país, financieros”, señaló Vargas.
“Le da al al zorro la llave del gallinero”
Considera el analista Daniel Suchar que “de todos los temas este es el más complicado de mejorar puesto que hay muchas aristas que estudiar”.
Vargas explicó que el primer cambio que Chaves puede hacer es emitir vía decreto una modificación a la integración de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud.
Este departamento es el que define qué fárcamos y químicos para hacer medicinas entran o no al país. Pero, denuncia Vargas, está integrado en su mayoría por los empresarios que ya se instalaron en el país.
“Ese decreto le da al zorro la llave del gallinero.
“Le da a las principales farmacéuticas, droguerías y empresas que están integradas verticalmente que importan, producen y distribuyen la postestad en esa condición de determinar quien entra y quien no”, comentó Vargas.
Este fenómeno, explica el profesional, afecta la competencia en detrimento de los consumidores, quienes en ocasiones recurren a estos productos en condiciones críticas de salud.
Recomienda establecer precios tope, al menos de los medicamentos más utilizados.
Además, habilitar plataformas de tal modo que los consumidores puedan comparar precios según medicamentos equivalentes, entre la oferta en el país.
