Hermes Solano
El canciller, Arnoldo André Tinoco, y el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, se desligaron de la redacción del decreto ejecutivo sobre la tecnología 5G, que dejó por fuera a las empresas chinas o a todas aquellas de los países que no suscribieron el Convenio de Budapest sobre ciberseguridad.
Ambos estuvieron este miércoles en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde, más allá de señalar que los responsables del decreto fueron el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) y el Ministerio de Seguridad, defendieron su implementación.
“Tengo muy poco que aportar, porque el decreto no fue suscrito, ni trabajado por el ministerio; ni siquiera fue consultado”, señaló el canciller.
“Desde el punto de vista de soberanía nacional y protección a la privacidad de datos y evitar ciberataques, y si se dice tener los instrumentos para combatirlo, me parece que es un buen decreto”, añadió sobre su criterio respecto a la decisión tomada por el Gobierno.
Similar posición emitió el jerarca de Comex a los diputados del órgano legislativo.
“A mí no me corresponde determinar las políticas, ni competencias de Micitt. Lo que me corresponde es asegurarme que la política pública de cara a las relaciones comerciales”, dijo en primera instancia.
Su criterio respecto al decreto es que “no sentimos que haya habido un mal haber en ese principio de transparencia”.
Preocupaciones
Tanto André como Tovar aseguraron en la comisión que han recibido preocupaciones por parte de la Embajada de China y algunas empresas de ese país.
“Hemos tenido interacciones con las autoridades chinas, de una manera general, transmitieron preocupación sin entrar en detalle”, indicó, señalando que no puede asegurar que puedan interponer una demanda de arbitraje internacional por el tema, ante la preocupación de los diputados.
“Esperemos que esos arbitrajes internacionales no vengan”, dijo Monserrat Ruiz, legisladora del PLN.
Por su parte, el canciller afirmó estar sorprendido de que una embajada saliera en defensa de una empresa en particular (Huaweii), algo que la legislación en Costa Rica no permite.
“Mi sorpresa es que una embajada surja a defender los intereses de una empresa en particular, algo que en este país no se acostumbra”, indicó.
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Polémico decreto
El año anterior, el presidente Rodrigo Chaves y la jerarca del Micitt, Paula Bogantes, firmaron el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, que dejó por fuera a empresas chinas del concurso del 5G, entre ellos la firma Huawei.
Bogantes le dijo a los diputados que la decisión se tomó con la intención de subir los estándares de seguridad nacional, luego de que el país sufriera los ataques de cibernéticos que afectaron al Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en 2022.
En ese decreto se determina que los países que pueden participar en el concurso para proveer el servicio de tecnología 5G son los que forman parte del Convenio de Budapest, que es un acuerdo sobre la ciberdelincuencia.
“Si un operador o un proveedor de hardware o software y su casa matriz está en un país que no es firmante del Convenio de Budapest, ni ha expresado interés, o no está en proceso de adhesión, no podrá participar”, dijo Bogantes.
